Editorial

Termina una etapa en la que se aceptó no cumplir la ley

Por La Opinión Austral



La aprobación por

amplia mayoría del proyecto de ley que llegó para normalizar la Caja de

Servicios Sociales pone fin a más de tres décadas en las que los intendentes y

comisionados de fomento se negaron a cumplir con el pago de los aportes que

estaban obligados a afrontar.


Esta ley, que había

sido prometida por la gobernadora Alicia Kirchner en la sesión inaugural del

periodo 2019, no solamente pone fin a la intervención de la provincia sobre la

obra social de los estatales, sino que llega para poner blanco sobre negro en

la administración de los recursos que no son otros que los que les descuentan a

los titulares de derecho y sus familias.


Políticamente, Santa

Cruz nunca estuvo dispuesta a dar una discusión seria respecto del flagrante

incumplimiento legal en el que se encontraron sucesivas gestiones municipales

por dibujar descuentos de la obra social en los recibos de sueldos que luego

eran cubiertos por el Gobierno Provincial.


Tuvo que llegar esta

ley, con la promesa de la sanción de una nueva ley de coparticipación que

mejore los recursos de las comunas, para que entonces se pensara en un futuro

inmediato en el que la Caja pueda funcionar de manera autónoma.


En julio la ley fue

girada a Diputados, y durante el tiempo que estuvo en Comisiones no hubo voces

demasiado interesadas en el asunto, hasta que el despacho favorable puso a

algunos gremios en la obligación de tener algo que decir sobre un tema clave

como son las prestaciones médicas de sus afiliados.


Resulta como mínimo

insólito que recién una semana antes de su tratamiento en el recinto hubo

organizaciones sindicales que le pidieron audiencia al interventor Federico

Esteso para conocer los alcances del proyecto de ley, o para plantear

modificaciones al respecto.


También resultó

insólito que otro sector hiciera una convocatoria el día de la sesión para

intentar que la ley no se aprobara, convocatoria magra que apenas se sostenía

con una serie de elucubraciones acerca de que tal vez la obra social

normalizada iba rumbo a un proceso de ajuste.


Aun así, la ley salió

con algunos cambios, entre ellos, que los aportes de la obra social serán

excluidos de las cuentas del Fondo Único de las Cuentas Oficiales (FUCO) y que

se incorpora la figura de un síndico para controlar las decisiones que tome el

Directorio.


De este modo, con sólo

dos votos en contra, entre ellos el de un futuro intendente como Daniel

Gardonio (Cambiemos la ley de "Reestructuración Normativa de la Caja de

Servicios Sociales", se pondrá en vigencia en breve cuando sea promulgada y su

instrumentación efectiva, tiene tiempo de acomodar un proceso de convocatoria a

elecciones para que no sólo el Ejecutivo que tendrá mayoría como en todas las

obras sociales del Estado, sino también los gremios, se ocupen de administrarla

responsablemente, procurando la recepción de los aportes.


 Al menos uno de esos vocales deberá tener

título profesional médico y sus mandatos durarán dos años, pudiendo ser

reelectos.


Este es el sistema

que actualmente tiene la Caja de Previsión Social, otro organismo donde los

aportes del personal municipal de las catorce localidades brilla absolutamente

por su ausencia, sin que exista registro de norma alguna que los habilite a no

girar los dineros para la jubilación.


En ese caso, la deuda

descomunal que los intendentes tienen con el gobierno central es exorbitante y

formará parte de la discusión de la Coparticipación Provincial, que se tratará

en la Legislatura el próximo año, una vez que las comunidades se pongan de

acuerdo en la distribución del índice secundario.


Para el caso de las

deudas que ya tienen con la obra social normalizada, se sabe que sólo con la

gestión de Kirchner, los intendentes acumulan una deuda global cercana a los 3.900

millones de pesos.

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