La aprobación por
amplia mayoría del proyecto de ley que llegó para normalizar la Caja de
Servicios Sociales pone fin a más de tres décadas en las que los intendentes y
comisionados de fomento se negaron a cumplir con el pago de los aportes que
estaban obligados a afrontar.

Esta ley, que había
sido prometida por la gobernadora Alicia Kirchner en la sesión inaugural del
periodo 2019, no solamente pone fin a la intervención de la provincia sobre la
obra social de los estatales, sino que llega para poner blanco sobre negro en
la administración de los recursos que no son otros que los que les descuentan a
los titulares de derecho y sus familias.

Políticamente, Santa
Cruz nunca estuvo dispuesta a dar una discusión seria respecto del flagrante
incumplimiento legal en el que se encontraron sucesivas gestiones municipales
por dibujar descuentos de la obra social en los recibos de sueldos que luego
eran cubiertos por el Gobierno Provincial.

Tuvo que llegar esta
ley, con la promesa de la sanción de una nueva ley de coparticipación que
mejore los recursos de las comunas, para que entonces se pensara en un futuro
inmediato en el que la Caja pueda funcionar de manera autónoma.

En julio la ley fue
girada a Diputados, y durante el tiempo que estuvo en Comisiones no hubo voces
demasiado interesadas en el asunto, hasta que el despacho favorable puso a
algunos gremios en la obligación de tener algo que decir sobre un tema clave
como son las prestaciones médicas de sus afiliados.

Resulta como mínimo
insólito que recién una semana antes de su tratamiento en el recinto hubo
organizaciones sindicales que le pidieron audiencia al interventor Federico
Esteso para conocer los alcances del proyecto de ley, o para plantear
modificaciones al respecto.

También resultó
insólito que otro sector hiciera una convocatoria el día de la sesión para
intentar que la ley no se aprobara, convocatoria magra que apenas se sostenía
con una serie de elucubraciones acerca de que tal vez la obra social
normalizada iba rumbo a un proceso de ajuste.

Aun así, la ley salió
con algunos cambios, entre ellos, que los aportes de la obra social serán
excluidos de las cuentas del Fondo Único de las Cuentas Oficiales (FUCO) y que
se incorpora la figura de un síndico para controlar las decisiones que tome el
Directorio.

De este modo, con sólo
dos votos en contra, entre ellos el de un futuro intendente como Daniel
Gardonio (Cambiemos la ley de “Reestructuración Normativa de la Caja de
Servicios Sociales”, se pondrá en vigencia en breve cuando sea promulgada y su
instrumentación efectiva, tiene tiempo de acomodar un proceso de convocatoria a
elecciones para que no sólo el Ejecutivo que tendrá mayoría como en todas las
obras sociales del Estado, sino también los gremios, se ocupen de administrarla
responsablemente, procurando la recepción de los aportes.

 Al menos uno de esos vocales deberá tener
título profesional médico y sus mandatos durarán dos años, pudiendo ser
reelectos.

Este es el sistema
que actualmente tiene la Caja de Previsión Social, otro organismo donde los
aportes del personal municipal de las catorce localidades brilla absolutamente
por su ausencia, sin que exista registro de norma alguna que los habilite a no
girar los dineros para la jubilación.

En ese caso, la deuda
descomunal que los intendentes tienen con el gobierno central es exorbitante y
formará parte de la discusión de la Coparticipación Provincial, que se tratará
en la Legislatura el próximo año, una vez que las comunidades se pongan de
acuerdo en la distribución del índice secundario.

Para el caso de las
deudas que ya tienen con la obra social normalizada, se sabe que sólo con la
gestión de Kirchner, los intendentes acumulan una deuda global cercana a los 3.900
millones de pesos.

EN ESTA NOTA css Santa Cruz

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