El intendente de Río Gallegos sostuvo que el Municipio actuó de acuerdo a la Ley N° 760 que establece la administración del Estado para dar respuesta al transporte de pasajeros. Pues, Transporte Ceferino buscará impugnar el contrato entre la Comuna y Maxia SRL. Dijo que la decisión obedeció a que esa última empresa aceptó mantener las fuentes laborales. El viernes se firmaría el contrato.
Finalizado el izamiento dominical, el intendente de Río Gallegos (Roberto Giubetich) invitó a los medios de comunicación, entre ellos La Opinión Austral a su despacho para brindar una conferencia de prensa.
Una vez más, el servicio del transporte público de pasajeros estuvo en el centro de la escena. El jefe comunal ratificó que la Comuna avanza en la firma del contrato con Maxia SRL a pesar que Transporte Ceferino adelantó, el pasado viernes, mediante sus abogados que buscará la impugnación del contrato una vez rubricado, ya que aducen que no recibieron igual trato que la empresa caletense. Sospechan que las condiciones financieras descriptas en los pliegos licitatorios cambiaron radicalmente. Así, la empresa proveniente de Chubut aduce que no fue tratada en igualdad de condiciones que su competidora inmediata.
Esta semana
“No se acercó nadie de Transporte Ceferino”, fue lo primero que indicó Giubetich este domingo a La Opinión Austral, luego que tomó estado público el descontento de la empresa chubutense.
Ratificó que el Municipio actuó bajo los términos de la Ley N° 760 que establece los términos en que debe realizarse la administración el Estado.
El Capítulo III habla acerca del procedimiento de las contrataciones que se realizarán, a lo que le Ejecutivo municipal sostuvo que no se apartó del procedimiento que contiene dicha ley.
Declaradas desiertas las licitaciones “es facultad del Ejecutivo tomar la decisión, está fundamentado bajo razones de necesidad y urgencia al tratarse de un servicio público”, se explayó.
Observó que otro de los factores que obligó a la Comuna a tomar la decisión fue que Monte Cristo (actual concesionaria) había informado que la de febrero será la última prórroga.
Asimismo, adelantó que el martes llegará personal del área operativa de Maxia SRL para “trabajar en puntos que beneficie el servicio”, mientras que más tardar el día viernes, arribarán a Río Gallegos los abogados de esa compañía que serán los encargados de rubricar el contrato.
Cifras
En otro tramo, desde el Ejecutivo municipal repitieron que el financiamiento del servicio se da mediante el pago del boleto, como también del Fondo Compensador aportado por Nación, y el Municipio se hará cargo del subsidio que le corresponde y la compensación para mantener el boleto a 25 pesos, de acuerdo a lo descripto por Giubetich. Precisó que “se respetan los atributos sociales” contemplados en la Red SUBE del cual se hace cargo el Gobierno nacional en un 55% del costo.
“El pliego también indica que los costos que presentan las empresas deben ser explicados ya sea en mantenimiento, amortización, boletos, utilidad que pretende la empresa, entre otros. Cuando analizamos estas variantes es que esos montos globales rondan los 9 millones de pesos, es decir el costo total del servicio”, graficó.
“Al medio está la ley de Presupuesto del Estado nacional que dejó sin efecto una resolución que permitía convenios entre Provincia y Nación para subsidiar al transporte creándose el Fondo Compensador”, describió el intendente y recordó que el esquema de subsidio implementado hasta el 2018 “lo cobró directamente la empresa mediante el SISTAU, el subsidio al gas oíl, y los fondos complementarios que los recibía Provincia “acumulando un total anual de 33 millones de pesos”.
En otro orden, respondió a lo expresado por los abogados de Ceferino. “No le di interés a la noticia porque no encuentro en base a qué realizarán una denuncia, ya que es facultad de los municipios avanzar en la contratación directa”. Ratificó que el Municipio en todo momento dijo que hablaba con dos empresas. Además, el pliego señala que la “compañía que se haga cargo del servicio debía mantener las fuentes de trabajo que actualmente trabajan en Monte Cristo y una de las empresas dijo que no podía asumir ese compromiso. Se trata de un factor que nos sirvió para tomar la decisión”, subrayó.
De esta manera, el ejecutivo municipal sostiene que el contrato con Maxia SRL se firmará cumpliendo los pasos que rigen la contratación del Estado y sostuvo que las “variaciones tienen que ver con los cambios que se hizo en el esquema del subsidio”.
