ACTIVIDAD PETROLERA

Se aprobó por mayoría la prórroga de concesiones entre el Gobierno de Santa Cruz y CGC

El convenio firmado por la gobernadora Alicia Kirchner y el titular de CGC Hugo Eurnekian recibió el respaldo de 16 votos afirmativos, mientras que 8 rechazaron la iniciativa.

Por La Opinión Austral


Tras un extenso debate de posiciones enfrentadas entre diputados, la Legislatura de Santa Cruz finalmente aprobó el proyecto de Acuerdo de Prórroga de Cocnesiones Hidrocarburíferas, firmado por Alicia Kirchner y el responsable de CGC, Hugo Eurnekian, por las áreas en que Sinopec había suspendido las inversiones.

En el recinto, la prórroga se aprobó por mayoría, con 16 votos afirmativos y 8 negativos.

El acuerdo, significa por parte de CGC un ambicioso programa de inversiones para revertir las bajas de Sinopec, poner en valor las concesiones y dinamizar toda la actividad vinculada a su ejecución.

Dicho convenio fue ratificado el pasado jueves en Caleta Olivia, en una reunión entre el intendente local Fernando Cotillo y Osvaldo Maimó, jefe comunal de Pico Truncado. Además estuvieron presentes el comisionado de fomento de Koluel Kayke, Tomás Cabral; la diputada Liliana Toro, y Gustavo Twardosky, que preside la Cámara Empresarial Hidrocarburífera del Golfo San Jorge. En el encuentro surgió un nuevo acuerdo para sumar beneficios específicos para la zona de influencia de las operaciones de CGC en zona norte, tendiente a maximizar el impacto de las inversiones sociales.

El acuerdo votado este lunes incluye la aceleración de inversiones previstas que serán evaluadas por trienio.

Se acuerda el adelanto de la activación de cuatro equipos de workover adicionales, con el objetivo de acelerar la reparación de pozos inyectores y productores, poder incrementar la producción, la activación de mano de obra y los ingresos provinciales y municipales.

Asimismo, prioriza la contratación de empresas del norte de Santa Cruz en primer lugar y regionales del Golfo San Jorge en segundo. En tanto, la mano de obra santacruceña no puede ser inferior al 75% y rige también la utilización en primera instancia del personal que todavía se encuentra sin tareas efectivas debido a la pandemia por COVID-19

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