HISTORIA PATAGÓNICA

Venta de la ex comisaría de las huelgas: "San Julián no cuenta con una ordenanza de protección del patrimonio cultural"

Se concretó la venta del histórico edificio donde los soldados del Coronel Varela fusilaron a los huelguistas durante los acontecimientos de la "Patagonia Rebelde" en 1921. En comunicación con LU12 AM 680, la directora provincial de Patrimonio Cultural aseguró que hay una responsabilidad del municipio por la falta de políticas para la protección de sitios históricos.

Por La Opinión Austral


Luego de que se diera a conocer la noticia de la venta de la histórica comisaría de Puerto San Julián donde se fusilaron a algunos huelguistas durante los trágicos acontecimientos de "La Patagonia Rebelde" durante 1920 y 1921 un grupo de vecinos intenta mantener en pie ese pedazo de historia. El edificio estuvo siempre en manos privadas y finalmente se concretó compra por parte del Colegio María Auxiliadora de esa localidad.

Desde 2018, la asociación "Amigos del Patrimonio" de San Julián vienen reclamando para que el Estado arbitre los medios necesarios para la conservación de ese inmueble.

 Asociación 'Amigos del Patrimonio' de Puerto San Julián.
Asociación 'Amigos del Patrimonio' de Puerto San Julián.

En referencia a estos hechos, habló en LU12 AM680 de Río Gallegos, Carla García Almazán, directora de Patrimonio Cultura de la Provincia.

"En julio hemos tomado conocimiento de esta situación y hemos hablado con todas las partes involucradas", aseguró la funcionaria. Sin embargo, explicó que ya desde 1920, el edificio pertenece a un particular y solo había sido alquilado al Estado para ser usado como comisaría. El inmueble, se encuentra en una avanzado estado de deterioro y las hermanas del Colegio María Auxiliadora decidieron comprarlo para construir un gimnasio en frente de su institución.

San Julián no tiene sancionada una ordenanza de protección del patrimonio cultura

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Almazán, comentó que al tratarse de propiedades privadas, se vuelven más complejas las gestiones del Estado para la toma de decisiones sobre los bienes. A pesar de ello, contó que en el año 2017 se le propuso al dueño "cambiar esa propiedad deteriorada por una casa de la provincia. Lamentablemente, la iniciativa no prosperó y el propietario avanzó con las negociaciones con la institución educativa".

"Hay una ausencia por parte del municipio, ya que San Julián no tiene sancionada una ordenanza de protección del patrimonio cultural" aseguró la directora. La funcionaria, detalló que en esa localidad, al igual que en toda la provincia, se trabajó con los concejales, y los responsables de archivo, museos, bibliotecas, turismo y cultura, para la redacción de la ordenanza, pero nunca fue sancionada.

"Es ahí donde se genera ese vacío por parte del municipio, si tuviéramos una ordenanza podríamos intervenir un poco más en la toma de decisiones", afirmó Almazan. Esta reglamentación, permitiría buscar generar convenios en los que todos los actores puedan participar. "El patrimonio cultural es de todos, por más que tenga un titular de dominio", sentenció la directora provincial.

 Parte trasera de la ex comisaría en la época de las huelgas. (FOTO: MARITA MOLINA)
Parte trasera de la ex comisaría en la época de las huelgas. (FOTO: MARITA MOLINA)

Ahora, se espera poder negociar con los nuevos propietarios del inmueble para poder buscar una solución que satisfaga a todos los involucrados.

"Quizá se pueda establecer un pequeño recinto de ese gimnasio en donde se pueda hacer un memorial, un pequeño sitio que sea recordatorio, donde se puedan exhibir documentos, fotografías, o de algún modo contar la importancia histórica de ese sitio", señaló Almazan.

Hay historias que deben ser contadas, por eso el acceso al patrimonio es un derecho

Por último, la funcionaria resaltó la importancia de la sanción de la ordenanza para la protección del patrimonio histórico y cultural. "Hemos insistido muchas veces desde la provincia al Concejo Deliberante y a la misma intendencia", apuntó.

En San Julián, hay muchos sitios históricos que merecen ser visibilizados y protegidos. Por ejemplo, el prostíbulo “La Catalana”, donde las valientes mujeres que allí trabajaban echaron a los soldados del Regimiento 10 de Caballería del Ejército Argentino luego de que masacraran a los trabajadores de Santa Cruz.

"Hay historias que deben ser contadas, por eso el acceso al patrimonio es un derecho", remarcó la directora Provincial de Patrimonio Cultural.


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