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La declaración judicial que convirtió al caballo René en el primer animal vivo reconocido en Chubut como “ser sintiente y sujeto de derecho no humano” abrió un debate que trasciende las fronteras de esa provincia. El fallo, impulsado por la Agencia de Delitos Ambientales y Maltrato Animal y por la fiscal de Esquel Cecilia Bagnato, no sólo busca cambiar la mirada sobre el maltrato, sino también poner el foco en las responsabilidades que existen frente al abandono.
La resolución sostiene que los animales no pueden ser considerados únicamente objetos de propiedad privada y que tienen derechos básicos vinculados a su bienestar, su integridad y a recibir condiciones dignas de vida. Ese criterio cobra especial relevancia frente a otros episodios que hoy generan preocupación en la Patagonia.
Uno de ellos ocurre en Río Gallegos, donde una jauría de cinco perros permanece a la deriva luego del fallecimiento de su dueño. Según informó La Opinión Austral, los animales pasaron semanas sin alimento ni agua y, en un contexto extremo de supervivencia, comenzaron a atacar a otros animales del barrio Virgen del Valle.
Vecinos y organizaciones proteccionistas denunciaron la muerte de varios perros, un potrillo y nuevos episodios de agresividad que continúan registrándose pese a las reiteradas presentaciones realizadas ante las autoridades.
Para quienes trabajan en la protección animal, ambos casos tienen un punto en común: el abandono. Mientras René fue rescatado cuando ya se encontraba en un estado crítico, los proteccionistas sostienen que la situación de la jauría podría haberse evitado con una intervención temprana.
Un cambio de paradigma
La fiscal Cecilia Bagnato explicó en exclusiva a La Opinión Austral que el principal objetivo del fallo es dejar atrás la idea de que los animales son simplemente cosas.
“Lo más importante y lo más relevante es poder dejar de tratar al animal como si fuera una cosa”, sostuvo.
La representante del Ministerio Público recordó que el Código Civil todavía considera a los animales como bienes susceptibles de apropiación, aunque existen numerosos antecedentes científicos y jurídicos que reconocen que son seres capaces de sentir dolor, miedo, estrés, placer y bienestar.
En ese sentido, remarcó que la propia legislación argentina ya admite esa condición al sancionar el maltrato y los actos de crueldad.
“Si hablamos de crueldad o maltrato es porque estamos reconociendo que esos seres sienten. Mal podría protegerse contra la crueldad algo que no siente”, argumentó.
La resolución judicial no equipara los derechos de los animales con los de las personas, pero sí reconoce que poseen intereses propios que deben ser protegidos.
El caso que conmovió a Gualjaina
La historia de René comenzó con una denuncia presentada por personal municipal de Gualjaina. La investigación determinó que el caballo permaneció durante aproximadamente dos meses sin los cuidados mínimos necesarios para sobrevivir.
Según relató Bagnato, el animal prácticamente no recibía alimento ni agua y fue hallado en un estado de extrema delgadez.
Un informe veterinario confirmó el grave deterioro físico y la Fiscalía ordenó su rescate inmediato. Con la colaboración de la Policía Montada fue trasladado a Esquel, donde actualmente permanece al cuidado de una familia que asumió su tutela bajo control judicial.
“Hoy está recuperándose. Mejoró muchísimo su peso, está en un lugar lleno de pasto y con una familia que le da cariño, cuidado y respeto”, explicó la fiscal.
El derecho de propiedad bajo discusión
Durante la audiencia, la defensa del hombre acusado de abandonar a René sostuvo que el caballo era una propiedad privada y que existía documentación que acreditaba su compra.
Sin embargo, la Fiscalía entendió que el derecho de propiedad no puede justificar situaciones de sufrimiento o abandono.
Bagnato señaló que el responsable había sido advertido en reiteradas oportunidades sobre el estado del animal y que, si no podía mantenerlo, tenía la posibilidad de entregarlo a otra persona o solicitar ayuda.
¿Qué deja el caso René?
Para la fiscal, el fallo puede convertirse en un antecedente importante para futuras decisiones judiciales y para impulsar cambios legislativos.
“Cuantas más declaraciones de este tipo existan, más posibilidades habrá de que se modifiquen las leyes”, afirmó.
En ese contexto, el caso de la jauría de Río Gallegos vuelve a instalar una pregunta que atraviesa el debate actual: si los animales son seres sintientes y sujetos de derechos básicos, también existe una obligación social y estatal de actuar cuando quedan librados al abandono.
Proteccionistas sostienen que la agresividad de los perros no responde a una conducta natural, sino a las condiciones extremas en las que sobrevivieron durante meses. Y advierten que, sin respuestas concretas, nuevas situaciones similares podrían repetirse.
El precedente de René parece marcar un nuevo camino. Uno en el que la discusión ya no pasa únicamente por quién es el dueño de un animal, sino por quién asume la responsabilidad de garantizar su bienestar y evitar que el abandono termine convirtiéndose en otra tragedia.
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