"Dame la mochila, dame la mochila, hijo de p..." fue lo que le dijo un delincuente armado a un comerciante de Río Gallegos antes de sacarle una suma cercana a los 300 mil pesos.

Se trata del caso de Colque, un vecino de nuestra ciudad capital que el 19 de julio del 2019 fue amenazado con un arma de fuego por un policía con pasamontañas y por un secuaz, que también estaba con el rostro tapado.

Luego de días de investigaciones, ambos fueron demorados en allanamientos hechos en el barrio San Benito y donde encontraron, además, cocaína. El caso recién llegó a juicio esta semana, tal como lo había adelantado La Opinión Austral.

Durante la primera jornada fue de valoración de pruebas realizada el pasado miércoles. Los acusados: Fernando Águila (expolicía que prestaba funciones en Güer Aike) y Fabián Villegas dieron sus versiones del caso ante el tribunal conformado por los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Joaquín Cabral.

La jornada fue extensísima y terminó cerca de las ocho de la noche, tras el testimonio de muchos efectivos que trabajaron en la investigación. Este viernes, el debate fue retomado para los alegatos de todas las partes involucradas.

El representante del Ministerio Público Fiscal, Iván Saldivia fue el primero en dar sus fundamentos en torno al delito que había sido caratulado, en primer momento, como: "Robo calificado agravado por ser poblado y en banda" pero esta última figura no se pudo mantener. Además, sobre Águila corría el agravante por "ser funcionario público", entendiendo que era efectivo de la Policía de Santa Cruz al momento de los hechos.

El fiscal aseveró que no hubo pruebas directas pero, en base a la prueba indiciaria, se pudo acreditar el delito que Villegas y Águila cometieron. Teniendo como precedente la condena al clan Maillo (ver página 10), Saldivia destacó que, en base a los indicios, se pudo llegar al grado de veracidad necesario.

"Si no tengo pruebas contundentes, debo referirme a los indicios para hacer una reconstrucción lógica de los hechos", aseveró Saldivia y enumeró: a las cámaras de seguridad que siguieron a la Fiorino del comerciante, la cámara que filmó a Villegas con la mochila entrando al departamento de la calle Maipú, la huella de un dedo de Águila encontrada en una botella de alcohol en la casa de su cómplice, y que él era el jefe de guardia en Güer Aike, el día anterior al asalto.

Por esto, el fiscal pidió una pena de ocho años de prisión para Villegas y diez para Águila. Entendiendo que el pedido contra el segundo era más grave porque era integrante de la fuerza de seguridad provincial.

Los abogados Marta Dávila y Juan Botik, por Águila y Villegas respectivamente, pidieron la absolución de sus clientes ya que no había pruebas concretas contra sus clientes. El próximo viernes se conocerá la sentencia