Qué tienen en común los hechos de violencia registrados en Río Gallegos, en los que de manera intencional prendieron fuego un galpón de colectivos y más tarde descargaron un cartucho de balas en la casa de un empresario.
¿Qué hay detrás de estos actos mafiosos y quiénes los organizaron?
Las preguntas circulan en la capital santacruceña desde hace días, en medio de una escalada de violencia que intentó pasar desapercibida para la opinión pública, con destinatarios demasiado aterrorizados como para ir a fondo.
Destino Sur, de hermanos Mendoza, es una empresa dedicada al transporte de personal
El 4 de mayo, un grupo de personas disparó 22 proyectiles contra la casa ubicada en calle Las Heras al 100, del barrio APAP de Río Gallegos, propiedad de un empresario del transporte.
Según se supo, un hombre se acercó a unos 40 metros de la vivienda, descargó el arma contra la casa y corrió hasta un vehículo que aceleró.
La empresa en cuestión es Destino Sur, una contratista de la UTE Represas, dedicada al transporte de personal desde y hacia la obra.
La balacera de mayo fue para Destino Sur. FOTO: JOSE SILVA
Cuando la balacera se produjo, uno de sus propietarios, Ariel Mendoza, hermano del dueño de la casa atacada, le dijo a La Opinión Austral que no tenia duda alguna sobre quiénes eran los autores de semejante mensaje.
Ariel Mendoza cargó contra un grupo de chóferes nucleados en UTA, a quienes echaron de la empresa luego de que huyeran de Represas con un colectivo.
Un galpón de Patagonia Express fue incendiado a comienzos de abril en el San Benito
Este diario conocía el caso, porque cuando sucedió la huida, horas después de que el presidente Alberto Fernández declarase el aislamiento social, preventivo y obligatorio, envió un equipo periodístico a Güer Aike para cubrir la llegada del colectivo en fuga.
Incluso, dialogó con los ocho trabajadores, quienes se negaban a acatar la orden de seguir trabajando en medio de la cuarentena, ya que la obra pública, como se sabe, había quedado exceptuada del decreto firmado por el Ejecutivo Nacional.
“Salimos porque no nos sentimos seguros adentro. Como delegado no lo voy a permitir, y me traje a todos los compañeros, para que hagan su cuarentena en su domicilio”, explicó Pablo Cardozo, el delegado, que quedó detenido esa misma noche junto a otros siete chóferes.
Chóferes son parados en Güer Aike tras huir de represas. FOTO: ARCHIVO
Los empresarios en cuestión creen que la UTA, el gremio que en Santa Cruz conduce Rubén Aguilera, sostiene los ataques.
“Son unos caraduras que, con estas formas, buscan apretar a las empresas chicas que buscan crecer”, había dicho Mendoza a este medio, enojado conque la Justicia no le diera todavía respuestas.
“Yo no sé si están de vacaciones por la pandemia o qué, pero también fuimos a la Fiscalía y parece que nadie puede unir los puntos entre las cosas que vienen pasando . Parece que quieren que uno haga justicia por mano propia”, insistió.
El 4 de mayo, un grupo de personas disparó 22 proyectiles contra una casa
El día del ataque, adentro de la casa estaba Daniela, docente, junto con sus hijos de 4, 11 y 17 años, por lo que las consecuencias pudieron ser mortales.
No hubo confusión, el mensaje era efectivamente para esa casa, no caben dudas porque el testimonio de Daniela muestra que hubo vigilancia previa.
“Apenas se fueron mis papás es cuando empezamos a escuchar los disparos. Pensamos que eran mazazos, me sentí muy desprotegida, mi nena de cuatro me dijo que estaba a medio metro porque había ido a buscar una fruta a la heladera”, dijo.
Además, contó: “Apenas escuché los tiros, le dije a mis hijos que vayan todos al fondo porque pensé que alguien quería entrar a robar, sabía que esta gente era pesada y complicada, pero nunca pensé que se iban a meter con las familias”, se lamentó, también segura de que los que casi matan a sus hijos fueron los choferes despedidos.
Pero, si los Mendoza acusan a este grupo de la balacera a la vivienda familiar, ¿cómo se explican otros hechos contra empresarios del rubro ocurridos poco antes?
¿Los atentados tienen relación?
Un incendio intencional
Apenas un mes antes, pasadas las nueve de la noche del 2 de abril, un incendio de grandes magnitudes devoró un galpón ubicado en el populoso barrio San Benito, que tuvo que ser sofocado con la participación de todas las dotaciones de Bomberos, que tardaron más de dos horas en controlar las llamas.
El galpón pertenece a la empresa Patagonia Express, propiedad de Santiago Almirón, que se dedica al transporte, y adentro había tres colectivos, tres trafic y un rodado de menor porte, que explotaban por la nafta de sus tanques.
La empresa de Almirón también es contratista de Represas.
¿Casualidad?
Ese incendio, que horas más tarde se supo que claramente había sido intencional, también afectó a una propiedad lindante, donde se encontraban guardados los vehículos y equipos de Macro Servicios, la empresa de Guillermo Polke, nada más y nada menos que el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz.
Guillermo Polke, perdió millones por el incendio. FOTO: ARCHIVO
Según pudo conocer La Opinión Austral, sin comerla ni beberla, el dirigente tenía un total de seis vehículos y entre treinta y cuarenta máquinas de limpieza valuadas en alrededor de $ 250 mil cada una.
Resulta curioso que con la exposición pública que tiene Polke, no se hubiese conocido una denuncia suya sobre el atentado, sin embargo, esto se explica con que el empresario riogalleguense no puede hacer un reclamo –al menos por ahora- porque, como durante la cuarentena no pensaba usar los móviles ni la maquinaria, había decidido dejar de pagar los seguros para ahorrarse ese dinero.
Las juezas Rosana Suárez y Marcela Quintana llevan adelante las investigaciones
La noticia del incendio intencional corrió como reguero de pólvora en el ámbito empresarial, sobre todo del transporte, donde pensaron que, tal vez, algún empleado cometió esos actos en venganza por haber sido despedido.
Hoy se sabe que esa teoría se queda corta.
Aunque el hecho de que Patagonia Express y Destino Sur fuesen dos empresas dedicadas a lo mismo y además contratadas por la misma UTE, poco se habló del tema en el ámbito público.
Ni siquiera sumando el hecho de que durante estos meses no se registraron ataques a empresas que estuviesen vinculadas a otros rubros en la capital provincial.
En el Gobierno hubo silenzio stampa, y tampoco el empresariado salió a pedir explicaciones.
¿Qué lectura harán los inversores en la megaobra?
La pregunta es qué mensaje hay detrás de los ataques y, lo que es peor, qué mensaje se deja cuando todavía están impunes.
Ambas empresas son contratistas de represas. FOTO: ARCHIVO
La investigación
Las denuncias existen, y este diario pudo confirmar que la jueza de Instrucción Rosana Suárez lleva adelante la investigación por el incendio del galpón que causó pérdidas millonarias en abril.
En esta tarea está la Fiscalía de Jorge Chan, que volvió al ruedo tras una carpeta médica de más de dos años.
Por otro lado, en la causa por la balacera en la vivienda del barrio APAP, ocurrida este mes, la jueza Marcela Quintana y el fiscal Fernando Basanta buscan a los responsables.
Sin embargo, aunque existe un video del momento de los tiros, todavía no pudieron dar con los autores.
Es que, como suele suceder en estos casos con claro tinte mafioso, no hay testigos. Nadie se presentó ni llamó para aportar información, aunque se cree que, más temprano que tarde, alguien debería hablar.
En paralelo, por estas horas un equipo de peritos informáticos trabaja en mejorar la calidad de la imagen de la filmación, para sacar la identidad de quien disparó, ya que, según trascendió, el único que se ve con claridad, es quien conducía el vehículo.
Así las cosas, mientras se esperan respuestas sobre lo que sucedió en el último mes en la capital santacruceña, se abre lugar para otra pregunta posible:
¿No será que hay quienes buscan sacar del juego a las contratistas de Represas para imponer otras?
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario