En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, el ministro de Gobierno Fernando Basanta sentó la posición del Gobierno Provincial ante el proyecto que busca modificar la Ley N° 3.022 que trata sobre el régimen de paritarias para el personal del Tribunal Superior de Justicia. “Estamos hablando de que lo imposible, no se puede”, subrayó.

“Venimos de dos años muy complejos hablándole de cara a toda la sociedad santacruceña con discusiones muy fuertes con todos los gremios para que sepan entender cuál era la real situación de la provincia”, recordó el ministro de Gobierno Fernando Basanta al hacer una introducción para argumentar la posición del Gobierno ante el proyecto impulsado por el Frente para la Victoria para modificar la Ley N° 3.022 que trata sobre el régimen de paritarias para el personal del Tribunal Superior de Justicia.
“La gobernadora Alicia Kirchner, en su discurso de asunción, ya había manifestado el estado crítico en el que se encontraban las finanzas provinciales y así fuimos llevando la situación con cada uno de los sectores de la administración pública provincial, con los municipios y en particular con el Poder Judicial”, agregó.
Es que, si bien la iniciativa fue devuelta a comisiones tras un acuerdo de los tres poderes y no será discutida en el recinto hasta que haya mayor consenso, en líneas generales se plantea que “la negociación colectiva será comprensiva de todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo en el marco de la legislación vigente y normas que rigen las instituciones del Derecho al Trabajo”.
El proyecto establece, además, que “los acuerdos resultantes de la negociación tendrán vigencia por un año prorrogándose en caso de no mediar modificaciones o se acuerde la concertación de otro distinto”. También se indica que “en cuanto a la determinación de remuneraciones o aumentos salariales deberá acordarse conforme a la legislación vigente y a la Ley de Presupuesto respecto a la paritaria pertinente al Poder Judicial y atenerse a la realidad presupuestaria y financiera de la provincia y no podrá tomarse como parámetros para su determinación fórmulas, coeficientes, porcentajes, plus remunerativos, adicionales o pautas salariales establecidas en jurisdicciones extrañas a la provincia, ni adoptarse índices ajenos a la capacidad económica conforme los mayores ingresos del erario y su equitativa distribución”.
“El Presupuesto de la provincia es algo que se tiene que hacer entre los tres poderes”, subrayó el ministro en la misma línea, y pidió que, desde el gremio que nuclea a los judiciales, “entiendan que no es un avasallamiento sobre los derechos que hayan logrado conseguir a través de su propio Convenio Colectivo de Trabajo”.
En ese contexto, llamó “a la reflexión y a la realidad” y explicó que “hay momentos en que se puede o que se podía porque había un Gobierno Nacional que transfería 400 millones de pesos extra por mes a la provincia, entonces por más que el presupuesto no lo tuviese contemplado se podía asistir al Poder Judicial para que diera los aumentos que daba”, recordó en referencia a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Por tanto, remarcó que “no se trata de estar en contra de los trabajadores judiciales, sino de decir las cosas como son: los sueldos de los trabajadores judiciales conforman una isla dentro de lo que son el resto de los sueldos de los trabajadores de la administración pública”, enfatizó, y volvió a explicar que “con la situación financiera en la que se encuentra la provincia no se pueden dar los aumentos que ellos plantean en base a estar atados a los aumentos que da el Poder Judicial de la Nación. No decimos no tienen que tener aumentos, no tienen que tener sus paritarias, lo que decimos es: apliquemos un poco de mesura y sentido común atendiendo las circunstancias”, sostuvo.
Para finalizar la argumentación de por qué desde el Gobierno Provincial respaldan la modificación de la ley, el funcionario remarcó que “tenemos trabajadores de la ex 591 que están cobrando 13.500 pesos. Yo quisiera que alguien del Poder Judicial o del gremio me dijese cuánto es el sueldo de arranque de una categoría dentro de la Justicia. Entonces, ahí empecemos a hablar seriamente, a discutir”, planteó, y reiteró que “no estamos hablando de cercenar los derechos, estamos hablando de que lo imposible no se puede”, y dijo que “terminamos perjudicando a los otros sectores porque las arcas provinciales están para asistir a todos”.

Entonces, ¿cuál es la situación financiera?
“Estamos de a poco con un déficit menor al que teníamos”, afirmó Basanta ante la consulta, y explicó que “las medidas del Gobierno Nacional, la suba del dólar, el contexto internacional con la suba del barril nos ayudan. Nos colocan en una situación mejor para ir cubriendo el déficit que tenemos”.
Y en ese punto, cruzó al Gobierno Nacional “por la falta de ayuda” y subrayó que ante ese escenario “nos estamos haciendo cargo con los recursos propios de la provincia. De a poco estamos logrando pagar los sueldos un poco antes y esto hay que decírselo a la sociedad en conjunto: Estamos en miras de poder ser una provincia independiente, autónoma, que no tengamos que estar negociando constantemente con un Gobierno Nacional que no negocia, sino que impone”, enfatizó.
Por eso, llamó “a la reflexión a toda la sociedad santacruceña y a todos los trabajadores de la administración pública”, porque “lo que entendemos es que lo que viene no es para mejor para el país. Pueden disfrazarla de lo que quieran, pero, así como ellos dicen que el Fondo Monetario Internacional no es bueno ni malo, volvemos al fondo en la peor de las circunstancias”.

Sin más cartas
En esos términos, Basanta rechazó la decisión del Gobierno Nacional de recurrir al Fondo Monetario Internacional porque “no estamos yendo como cualquier solicitante de un crédito que se puede sentar de una manera distinta a negociar y a hablar. Estamos yendo a que nos salven. Entonces, uno puede ver cuáles van a ser las exigencias de Fondo”.
“¿Qué va a hacer? ¿Cómo nos va a prestar, qué es lo que nos va a pedir para demostrar una garantía de repago de lo que nos presten?”, se preguntó el ministro y se respondió: “es obvio por dónde viene el ajuste: jubilaciones, empleo público, a pymes, a los sectores de menos recursos (?) Ya ajustaron en materia energética y no sé cuánto más puedan ajustar. Se les están acabando las cartas a este Gobierno Nacional”, advirtió.
Además, al recordar que Néstor Kirchner canceló la deuda que el Estado argentino mantenía con ese fondo crediticio, Basanta remarcó que “el que lo sufre es el pueblo. Yo soy abogado y el día de mañana puedo llegar a tener herramientas, puedo buscar formas, pero en el medio tenemos una gran parte de la población argentina que lo que necesita es un Estado activo, que apueste al mercado interno, a la reactivación de nuestras industrias para generar trabajo, y no vemos que esté pasado eso”, aseguró.
“La decisión del gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner de salir del Fondo no fue porque pensemos que es una institución mala o buena, fue para que no nos condicionen. Y eso es justamente lo que se vuelve a perder hoy”, finalizó.

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