La relación entre la Municipalidad de Río Gallegos y la concesionaria del transporte urbano de pasajeros, Maxia SRL, tuvo su punto final en la tarde de este jueves.
Ante los incumplimientos de lo establecido por el Juzgado Civil N° 1 en una Medida Cautelar, el juez Marcelo Bersanelli ordenó al ejecutivo local -el pasado primero de julio- el “secuestro” de todos los colectivos pertenecientes a la concesionaria del servicio que se encuentran en el predio de la calle Bark 225 (Río Gallegos) y la ocupación del inmueble.
Por su parte, los abogados de la empresa, Santiago Pinto y Mauricio Mariani, aseguraron a La Opinión Austral que se trata de una acción nula y adelantaron que apelaron la medida.
Las disputas surgieron ni bien la gestión del intendente Pablo Grasso -siete meses atrás- se hizo cargo del municipio. Denuncian que heredaron de la gestión radical saliente un “contrato leonino” a favor de la compañía.
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Posesión
En la tarde de este jueves, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, concurrió al predio con el acta judicial para tomar posesión del inmueble y los bienes en una tarde nevada. Estuvo acompañado del secretario de Legal y Técnica, Jorge Cabezas, y del secretario de Hacienda, Diego Robles. Llevó tranquilidad a los usuarios, los mayores afectados, que restablecerá el servicio para los barrios más alejados. “Vamos a cumplir con el recorrido en el Bicentenario y Ayres Argentinos, que fue la modificación aprobada y que la empresa no cumplió”,
aseguró.
“No todas las líneas dan dinero, tiene que ser equilibrado. Lo analizaremos con la nueva gerenciadora que pongamos para administrar un tiempo el servicio del transporte público”, anticipó en declaraciones a LOA.
“La gente está cansada de que no haya resoluciones y a mí no me tiembla el pulso de tomar decisiones drásticas porque para eso quise ser intendente”, remarcó.
Un día antes de lo sucedido, el secretario de Hacienda, Diego Robles, mantuvo un encuentro con la ministra de Producción de Santa Cruz, Silvina Córdoba, y el subsecretario de Transporte, Rolando D’Avena, en el que analizaron el nuevo escenario.
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El esquema del subsidio al transporte de pasajeros fue el eje central. Desde la ciudad capital buscan que provincia obtenga certezas del Ministerio de Transporte de la Nación de la asistencia financiera.
Salarios
El secretario de Legal y Técnica de la Comuna, Jorge Cabezas, explicó al móvil de LU12 AM680 de Río Gallegos que “ahora somos responsables de las oficinas, predio y talleres con lo que contienen porque quedamos como depositario judicial”. El acto fue observado por escribano público.
“Las instalaciones y todos los bienes quedan sujetos al expediente judicial. El juez dispuso que en el corto plazo hay que poner en marcha el servicio de transporte público. Es a lo que apunta la medida”, dijo.
La prestación se realizará “con el personal de la empresa, por lo tanto, los trabajadores activarán esta planta para el servicio en Río Gallegos”. Hizo la observación que “a partir de ahora, el Municipio se hará cargo de abonar los salarios y obligaciones contractuales, mientras dure la medida judicial”.
Cabezas entiende que “es una decisión dura porque ya llevamos más de 10 días sin transporte. El invierno nos está mostrando la necesidad de restablecer los recorridos”, agregó.
“La empresa fue notificada de que tenía que sacar las unidades a las calles, en dos oportunidades le aplicó multas y fue tomando medidas progresivas y advirtiendo de que podía llegar hasta esta medida”, contó el funcionario.
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Audiencias
En tanto, los representantes legales de la concesionaria del servicio público, Santiago Pinto y Mauricio Mariani, dieron a conocer a La Opinión Austral lo sucedido en cada una de las audiencias judiciales.
El 15 de mayo de este año se pautó un servicio mínimo con cinco unidades, ya que el “contrato fue extinto por incumplimientos de la Municipalidad en marzo”. Regía el aislamiento reventivo, social y obligatorio, la baja de la actividad trajo una crisis sin precedentes a las empresas del sector en todo el país y demandaron la declaración de emergencia nacional.
En el siguiente encuentro, el 4 de junio, los letrados elevaron al municipio una propuesta a ser implementada en “el periodo de transición”. Para esa fecha, las partes habían informado ante la Justicia que trabajaban en una retirada ordenada de la firma, mientras que el municipio buscaba generar condiciones óptimas para un llamado a licitación.
Sin miras a una solución, “ante la falta de respuestas, el 23 de julio, Maxia realiza una presentación judicial adelantando la ausencia de diálogo del municipio”.
Días después, denunciaron que “el escrito presentado por Maxia SRL no es incorporado en el Expediente generando que se haga caso omiso a la posición de la empresa”.
En este orden de cosas, Pinto aseguró a LOA que el miércoles 24 y el martes 30 de junio, el Ejecutivo local “concurre espontáneamente a la sede judicial y sin dar aviso de las resentaciones realizadas por nuestro representado, solicita la incautación de los bienes”.
“El miércoles primero de julio, el juez prescindiendo de analizar los argumentos de la empresa, básicamente por no incorporar un escrito esencial”.
“Es una sorpresa”
En tanto, Mariani precisó por LU12 AM680 que interpusieron la apelación contra la decisión judicial. “Nos sorprende, se trata de una acción nula, estábamos en una negociación que el propio Juzgado convocó”.
“El municipio reconoció que le resultaba inviable reconocer el contrato tal como se acordó con la gestión anterior, por lo que pautamos ajustar una frecuencia acorde a los pagos”. Así, los recorridos se brindaban según los diagramas de los sábados.Denunció que el Ejecutivo “retaceaba el pago de los gastos corrientes y jamás reconoció el incremento de los costos. Cuando
se hizo insostenible seguir soportando las pérdidas, decidimos interrumpirlo para evitar una quiebra”.
Luego repitió que la decisión de Bersanelli es “nula la medida porque no fuimos escuchados, nuestra presentación no está en el expediente y es una acción que nos corresponde”.
“El intendente manifestó públicamente que quería que la empresa se vaya, y Maxia no quiere perder plata, allí no hay conflicto. Hubo acuerdo en permanecer hasta que el municipio haga un llamado a licitación”, describió Mariani en diálogo con la emisora.
Al ser consultado sobre la afectación a los pasajeros, dijo: “El que debe garantizar el servicio es el Estado municipal, no se puede obligar a un privado a trabajar a pérdida”.
En tanto, ratificó que fue interpuesta la apelación contra la decisión judicial. “Nos sorprende, se trata de una acción nula, estábamos en una negociación que el propio Juzgado convocó”.
“El municipio comunicó en sede judicial que le resultaba inviable reconocer el contrato tal como se acordó con la gestión anterior, por lo que pautamos ajustar el servicio a una frecuencia acorde a los pagos”, repitió por su parte.
Además, aseguró que el concedente “retaceaba el pago de los gastos corrientes y jamás reconoció el incremento de los costos para el sostenimiento del transporte. Cuando se hizo insostenible seguir soportando las pérdidas, decidimos interrumpir el servicio para evitar una quiebra”.
Mariani insistió ante LU12 que “es nula la medida porque no fuimos escuchados, nuestra presentación del 23 de junio no está en el expediente por lo que es una acción nula”.
Luego, expuso que el intendente Grasso “manifestó públicamente que quería que la empresa se vaya y nuestro representado no quiere perder plata, por lo que no hay conflicto”, señalando que buscaron “permanecer en el municipio hasta que se haga un llamado a licitación”.
La pandemia, como a otros sectores, agudizó la crisis en el transporte de pasajeros. “El que debe garantizar el servicio es el Estado municipal, no se puede obligar a un privado a trabajar a
pérdida, el coronavirus agravó la situación y decidimos allanar el camino para convocar a una licitación”.
En otro orden, analizó que la gestión de Grasso, “jamás quisieron llegar a un acuerdo con la empresa, quizás tenían otro interés a la incapacidad de solventar el costo del servicio”.
Al cierre de esta edición, el secretario de Hacienda, Diego Robles, indicó que Maxia adeuda unos $ 35 millones, “se trata del dinero que Río Gallegos le prestó a la empresa para comenzar a funcionar. Ellos nos reclaman deudas, pero las hemos desconocido”, concluyó.
EN ENERO PASADO, MAXIA HABÍA AMENAZADO PÚBLICAMENTE CON IRSE
En la primera semana de diciembre de 2019, la gestión de Pablo Grasso asumió la intendencia de Río Gallegos. Hasta ese momento, no se había inmiscuido en la problemática del transporte. Pero un mes y medio después, la comuna enfrentó el primer duro conflicto con Maxia SRL.
Mario García, gerente de la concesionaria del servicio, señalaba a La Opinión Austral que le adeudaban $ 21 millones, mientras que el municipio sostenía que sólo pagaría $ 10 millones y denunciaba irregularidades.
“Es inviable seguir con la operación si la plata no aparece”, “dilatar el conflicto no le hace bien a nadie”, aseguraba García.
Mario García, gerente de la concesionaria del servicio
En retirada
A mediados de abril último, La Opinión Austral daba cuenta que estaba iniciado el trabajo “administrativo” y “económico” para el retiro de Maxia SRL de Río Gallegos.
“Teníamos que avanzar hacia la desvinculación o arreglar las diferencias”, había postulado el secretario de Legal y Técnica Municipal, Jorge Cabezas, en aquella oportunidad. Así es que “definieron avanzar en la rescisión del contrato”.
Además, recordaba que en marzo pasado, cuando la gerencia de la empresa anunció que quería irse, el intendente Pablo Grasso ordenó que se abriera un registro de prestatarios para hacer frente a la emergencia.
Pero este jueves, el escenario en la prestación del servicio tomó un giro inesperado por decisión judicial y ahora la prestación del servicio depende del municipio
Jorge Cabezas y sus asesores, recorrieron el predio de la empresa. Las unidades estacionadas , mientras los usuarios se las arreglan para llegar al trabajo.
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