El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles, habló con el equipo de LU12 AM680, sobre las afirmaciones del abogado de Maxia SRL, Santiago Pinto, quien manifestó que lo que está ocurriendo con la empresa se trata de “una suerte de Vicentin”.
Cabe recordar que, ante los incumplimientos de lo establecido por el Juzgado Civil N° 1 en una Medida Cautelar, el juez Marcelo Bersanelli ordenó al ejecutivo local el “secuestro” de todos los colectivos pertenecientes a la concesionaria del servicio y la ocupación del inmueble.
Al respecto, Robles explicó “cumplimos con la sentencia judicial, tomamos posesión de la base de Maxia y las unidades, el juez nos designó como depositarios judiciales”, y agregó que el procedimiento “estaba previsto en las cláusulas de contrato de concesión para garantizar el servicio”.
Ahora resta conocer si están en condiciones de circular “hay unidades que tienen las verificaciones técnicas vehiculares vencidas, tendremos que hacer un análisis de unidad por unidad”, y adelantó que “los mecánicos de la municipalidad ya tomaron contacto con los coches”.
Con respecto a las fuentes laborales, el funcionario municipal señaló que se reunirían con la UTA, “ellos están preocupados, queremos encontrar un canal para que se suban rápidamente a las unidades y el servicio funcione”.
Tapa del diario La Opinión Austral, edición impresa del 3 de julio de 2020.
Y en este sentido advirtió “más con la nevada, somos conscientes de que mucha gente tuvo que trastocar su ritmo de vida ante estas circunstancias. El horizonte es que el servicio regrese”.
También se refirió a la falta de pago a los trabajadores, y al respecto afirmó “a pesar que en mayo y junio abonamos lo que se convino entre los abogados de la empresa, el municipio y el juez, no les pagaron el sueldo completo y les adeudan el 20% de mayo y en pocos días vence junio”, por lo que confirmó que canalizarán judicialmente el reclamo, “para que la plata que nosotros destinemos le vaya el bolsillo de los trabajadores”.
Además, aseguró que el municipio tiene que garantizar el servicio, “tenemos que gerenciar la empresa y la prestación del servicio, pero teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el municipio según el marco legal y la normativa vigente”.
“Está lejos de ser Vicentin”
Con respecto a los dichos del representante de Maxia, Santiago Pinto, quien aseguró que se trata de “una suerte de Vicentin”, Robles respondió “está muy lejos de eso”.
Diego Robles, secretario de Hacienda del Municipio de Río Gallegos.
Y explicó “primero porque aquella es una empresa privada concursada y uno de los mayores acreedores era el Estado Nacional mediante el Banco Nación. Segundo, el municipio es uno de los principales acreedores de Maxia, el año pasado se le dieron adelantos, un total de 27 millones de pesos de anticipo de subsidios, actualizados al valor del litro de gas oil, hoy suman más de 35 millones y veremos cómo van a devolver”.
Sobre este punto aclaró “no expropiamos la empresa, ni tenemos la propiedad de los colectivos, simplemente el juez en base a lo que dispone el contrato decidió que la empresa deje de prestar el servicio, se rescinde antes, hasta que llegue una nueva empresa a hacerse cargo de la concesión. Está lejos de ser Vicentin”, afirmó.
“No tenemos la propiedad y no es la intención del Municipio hacerse cargo del transporte. Hay una transición y se puede mejorar el servicio”, y hasta que aparezca otra empresa “el municipio tiene que mantener las unidades y entregarlas en el estado recibido, pagar el alquiler de la base y el salario de los trabajadores. Mientras se sustancia el proceso de licitación”, detalló.
Por último, el funcionario confió “esperemos que tenga el final con una empresa que venga hacerse cargo de una inversión a largo plazo y que brinde una prestación que nosotros pensamos que tiene que tener los vecinos”.
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