La Justicia de Primera Instancia hizo nuevamente a lugar a un amparo que, en similares términos que el anterior, busca que se impida seguir adelante con la obra del Centro de Monitoreo de Cámaras que está construyendo el Municipio en la costanera de Río Gallegos.
Esta vez, el titular del Juzgado de Instrucción N° 1, Dr. Francisco Marinkovic, pidió suspender la obra luego de la presentación de los amparistas (la mayoría de ellos identificados con la Unión Cívica Radical), quienes además exigen que se declare su “ilegalidad”.
Para el Municipio, la obra tiene varios objetivos en sí misma. Uno de ellos es concentrar todas las quejas de los vecinos con un 108 ampliado, para poder actuar desde las distintas áreas. Además, el control de unas 20 cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos de la ciudad, algunas de ellas en la propia costanera.
La primera instalación del Centro de Monitoreo y Cámaras en Brown y Villarino.
Sin embargo, la presión de los propietarios de algunas de las viviendas más caras por metro cuadrado de Río Gallegos ya obligaron a cambiar el sitio de edificación en una oportunidad, y amenazan hacerlo por segunda vez.
Esta vez, el principal argumento es el factor histórico y cultural del lugar, a pesar que, como ya comentamos en otra nota de La Opinión Austral, durante la gestión de Roberto Giubetich se había firmado un acuerdo con YCRT para utilizar el mismo sitio que hoy se cuestiona.
La obra que planea la Comuna está valuada en unos 5 millones de pesos y tendría un plazo no mayor a cuatro meses para levantar una edificación de no más de 70 metros. A los vecinos del barrio del Puerto tampoco les gustó el emplazamiento de la nueva obra.
El fallo del juez Marinkovic
El amparo “Stoessel”
Cabe recordar que, con fecha 18 de agosto, el magistrado ya había hecho lugar a una acción de amparo presentada por Javier Stoessel, abogado del fuero local, también identificado con la dirigencia de Cambiemos, más precisamente con el sector político del diputado nacional Eduardo Costa.
Javier Stoessel.
“Admitir la acción de amparo instaurada por Javier A. Stoessel contra la Municipalidad de Río Gallegos, ordenando a esta última que en el plazo de dos días hábiles cumpla con entregar al amparista la información solicitada”, sostenía el texto.
Además, Marinkovic había decidido una medida de no innovar para evitar que se siguiera avanzando con la obra porque no se conocen informe de impacto ambiental ni audiencias públicas, en razón de estar involucrado el patrimonio histórico y cultural.
El amparo “Roquel”
En el fallo de ayer, el juez Marinkovic hizo lugar a la demanda de amparos promovida por Daniel Roquel (UCR), Marcelo Saá (ex concejal UCR), Arturo Saá, Leonardo Roquel (concejal UCR), Marta Saborido, Alex Rehbein, Mercedes Mosso y Pedro Muñoz (concejal ARI), contra la Municipalidad de Río Gallegos.
Daniel Roquel.
La medida del magistrado implica “suspender la obra denominada Centro de Monitoreo en su locación actual, hasta tanto se acredite el cumplimiento de los recaudos citados en los considerandos”.
Y al igual que en el amparo de Stoessel, decidió “dictar medida de no innovar, ordenando a la Municipalidad de Río Gallegos que se abstenga de realizar cualquier tarea tendiente al avance de la obra Centro de Monitoreo hasta tanto se cumplan los recaudos de esta sentencia o la misma sea revocada”.
Es “político”
Desde el Municipio local no dieron muchas vueltas con el tema, creen que es algo netamente político. Una fuente consultada ayer por La Opinión Austral indicó que se presentaron los papeles en un caso y que en el otro, aún están dentro de los plazos legales para hacerlo.
El abrazo simbólico que realizaron vecinos del barrio El Puerto.
Sin embargo, la misma fuente del Gabinete Municipal deslizó un interés más allá de un planteo de legalidad o ilegalidad sobre el lugar de la obra. Más bien tiene “nombres y apellidos de referentes del espacio opositor”, expresó. Lo mismo había planteado el diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú (Frente de Todos).
Sobre finales de esta semana, los responsables de Legales del Municipio estarían entregando la documentación que falta y la Comuna aguardará el dictamen de la Justicia de Primera Instancia. No descartan, en caso de un fallo en contra, acudir a otra instancia en apelación.
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