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En un contexto de fuerte crisis política dentro del Poder Judicial de Santa Cruz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Daniel Mariani, convocó oficialmente a paritarias judiciales. La reunión se llevará a cabo el próximo lunes y contará con la participación del gremio que representan a los trabajadores del sector, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio”.
La decisión fue adoptada con el aval de los cuatro nuevos vocales designados por la Legislatura provincial, Sergio Acevedo, José González Nora, Gabriel Contreras y Lucio De La Vega, lo que da a la convocatoria un peso institucional especial en medio del conflicto que atraviesa al máximo órgano judicial. La medida busca retomar el diálogo con los empleados judiciales, que reclama por el recorte de presupuesto en el Poder Judicial.
El conflicto que derivó en una crisis sin precedentes
La convocatoria a paritarias ocurre en paralelo al enfrentamiento interno en el Tribunal Superior de Justicia, desatado luego de que los vocales René Fernández, Fernando Basanta, Paula Ludueña Campos y Alicia Mercau intentaran desplazar a Mariani de la presidencia y designaran a Fernández en su reemplazo.
Pese a esa decisión, Mariani sostuvo públicamente que sigue siendo el presidente legítimo del TSJ, basándose en la vigencia de la Ley N° 3949, que amplió el número de vocales de cinco a nueve. Esa norma, sin embargo, fue suspendida cautelarmente el miércoles por una resolución del propio Tribunal a raíz de un amparo presentado por el gremio de judiciales.
La medida judicial ordenó detener los efectos de la ley por cuatro meses, suspendiendo la incorporación de nuevos vocales y la intervención de los recientemente designados Sergio Acevedo y José González Nora, quienes ya habían sido nombrados y jurado sus cargos.
El amparo del gremio y sus reclamos
La Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz “3 de Julio”, encabezada por Franco Mascheroni, fue la que promovió la acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 3949, con varios argumentos, entre ellos, dos centrales: que es inconstitucionalidad no por su forma, sino por su contenido y las consecuencias institucionales que conlleva, como la “captura de la cúpula judicial” por el oficialismo y la búsqueda de un mayor presupuesto para salarios y condiciones edilicias.
El gremio de judiciales apuntó a una falta de razonabilidad, contradicción y la posible desviación de poder: mientras se recorta el presupuesto destinado a áreas esenciales como salud, educación y el propio funcionamiento ordinario del Poder Judicial, se destina una “erogación presupuestaria significativa” a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La presentación judicial detalla que, según el Anteproyecto de Presupuesto elevado por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo lo redujo en un 38%, desglosado de la siguiente manera:
- Gastos en personal: -35,79%
- Bienes de consumo: -39,46%
- Servicios no personales: -68,21%
- Bienes de uso: -77,13%
- Construcciones: -100,00%
Por eso, el gremio consideró la llegada de cuatro nuevos vocales con toda su estructura en la cúpula del Poder Judicial, un “absurdo legislativo” que, por un lado, impulsa una “inconstitucional ampliación” del máximo tribunal con una considerable asignación de recursos y, por otro, retacea fondos para mejoras salariales de trabajadores judiciales, insumos básicos, y construcción de nuevas dependencias judiciales.
La solicitud extendió la crítica a la situación de la educación (salarios docentes “de hambre”, infraestructura “deplorable” y “abandono”) y la salud provincial (escasez de personal, salarios indignos, falta de insumos, recortes en vademécums y límites en la atención), por eso cuando anunció la presentación en la Justicia lo hizo junto al resto de los sindicatos del Frente Gremial.
La crítica presupuestaria no solo apuntó a la mala asignación de fondos, sino que también sugiere una motivación oculta detrás de la reforma: la falta de una verdadera necesidad de ampliación (sin datos estadísticos que la justifiquen) lleva a la inferencia de que la reforma responde a intereses políticos de “captura” del Poder Judicial.
“La creación de cuatro vocalías adicionales implica una erogación millonaria en salarios, infraestructura y personal de apoyo, en una provincia que atraviesa severas restricciones fiscales”, dijeron y agregaron que “sin planificación, sin evaluación de impacto, sin un rediseño funcional, la ampliación amenaza con agravar la brecha entre lo que el Poder Judicial cuesta y lo que efectivamente brinda.”
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