Política y Economía

Expropiarían los asentamientos Madres a la Lucha y Marina

Por Irene Stur


Si prospera el proyecto de ley para urbanizar los "barrios populares" que impulsa el Gobierno Nacional en el Congreso, podrían expropiar los asentamientos Madres a la Lucha y Marina. En el registro que declara la "utilidad pública" de las tierras donde están estos barrios, que podrían ser expropiadas o urbanizadas, figuran también los barrios Bicentenario I, Extensión del Bicentenario I y Los Lolos.

*Por Irene Stur

El Gobierno Nacional busca darle impulso al proyecto de ley, que ingresó días atrás en el Congreso de la Nación, para expropiar tierras y urbanizar barrios populares en todo el país.

El mismo sería tratado en plenario de cuatro comisiones: Asuntos Constitucionales -cabecera-, Legislación General, Presupuesto y Vivienda.

Si bien todavía no hay fecha establecida para el plenario, no se descarta que sea esta semana. Por lo pronto, mañana martes, representantes del oficialismo visitarán a Carolina Stanley en Casa Rosada. Según se supo, la intención es que la ministra de Desarrollo Social concurra a defender el proyecto ante las comisiones.

La iniciativa fue presentada por los jefes del interbloque de Cambiemos y se denomina "Régimen de integración socio urbana y regularización dominial". El objetivo es disponer la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes. Cinco de esos barrios fueron ubicados en Río Gallegos.

Al momento de ponderar la iniciativa, el jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, afirmó que "es un paso fundamental para empezar un combate que llevará muchos años para transformar las villas en barrios, empoderando a los ciudadanos con la propiedad y comprometiendo a los estados provinciales y municipales con la llegada de servicios públicos". Y agregó que la ley será "la piedra angular de lo que debería transformarse en este Congreso en una política de Estado acompañada por todos los bloques: la del acceso universal a la vivienda digna".

El proyecto

La norma, a la que tuvo acceso La Opinión Austral, avanza sobre la iniciativa que surgiera a partir del Decreto 358/2017 (publicado en mayo del año pasado por el cual se relevaron los barrios populares en todo el país y se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP declarando de "interés público" al régimen de integración socio urbana de dichos barrios.

La iniciativa sostiene que "la declaración de utilidad pública aplica exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que se encuentran asentados barrios populares debidamente relevados e identificados en el RENABAP a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y cuya propiedad no sea del Estado Nacional".

El decreto al que aduce la norma identifica como "barrio popular" a barrios donde viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más servicios básicos como agua corriente, energía eléctrica o cloacas.

Se plantea que la Agencia de Administración de Bienes del Estado actuará como sujeto expropiante, la cual "individualizará los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el RENABAP, utilizando la totalidad de la información existente, así como aquella que pudiera obtener con el objeto de la mejor identificación de los bienes inmuebles sujetos a expropiación".

La AABE deberá, además de identificar los inmuebles sujetos a expropiación, promover el avenimiento con los titulares de registro de los bienes inmuebles sujetos a expropiación. "A tal efecto, la reglamentación fijará un plazo perentorio para acordarlas, que no podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir de la notificación al expropiado de la respectiva tasación por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación. En caso de falta de avenimiento, la AABE deberá iniciar la acción judicial de expropiación prevista en el Art. 18 de la Ley N° 21.499, dentro de los 90 días hábiles de fracasada la etapa de avenimiento o desde el vencimiento del plazo previsto en el precedente, lo que ocurra primero".

En paralelo, la Agencia y el Ministerio de Desarrollo Social deberán celebrar acuerdos con las provincias y/o municipios con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad de los mismos, que formen parte de los bienes inmuebles sujetos a expropiación. "En caso de falta de acuerdo, el PEN estará facultado a proceder al mecanismo de expropiación previsto en la presente ley, abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación", dice el proyecto.

Incógnitas en Santa Cruz

En el RENABAP figuran cinco barrios populares localizados en Santa Cruz, todos ubicados en Río Gallegos: Bicentenario I, Extensión Bicentenario I, Los Lolos y los asentamientos Marina y Madres a la Lucha.

Pero los cinco barrios no están en las mismas condiciones de "irregularidad" dominial ni de servicios.

En el caso de los asentamientos Marina y Madres a la Lucha, ningún vecino es dueño de la tierra, ya que surgieron de la ocupación ilegal de la misma. En estos casos los terrenos forman parte de una reserva urbana municipal y si bien desde el cambio de gestión se ha fomentado la "urbanización" de los mismos, no están resueltos ni las limitaciones que existen sobre la disponibilidad de esa tierras, por ser reserva natural, ni tampoco el real peligro de contaminación que existiría en la zona, debido a ser colindantes con el Vaciadero Municipal.

Diferente es la situación de los vecinos que habitan en la zona del Bicentenario I, Extensión Bicentenario I y Los Lolos, donde (salvo en este último) la mayoría ha recibido sus terrenos de manos del municipio o la provincia y si bien es cierto que carecen de varios de los servicios básicos esenciales, la mayoría posee certificados de posesión o incluso títulos de propiedad.

En el caso del barrio Los Lolos, una gran parte también posee sus títulos o certificados y una porción sí conforma un asentamiento ilegal, que incluso quedó sin definición (por inacción municipal) en la causa judicial que había ordenado su desalojo.

Una vez que se apruebe el proyecto de ley, quedará por definir si se avanza en la expropiación de tierras en estos cinco barrios, si abarcará a todos o sólo a parte de los mismos, o si sólo se buscará dotar a la zona de los servicios necesarios para que se concrete una "urbanización" en los términos que reconoce la propia ley.

Un punto primordial es el financiamiento que se requiere para avanzar en estas expropiaciones o urbanizaciones, ya que el artículo 10 de la ley plantea que "todos los gastos que se deriven de cada uno de los convenios firmados para el cumplimiento de la presente ley serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes". Ni el municipio de Río Gallegos ni la provincia parecerían, en principio, estar en condiciones de afrontar la parte proporcional que les pudiera corresponder si se avanzara sobre estos cinco barrios.

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