Fuerte debate en torno a la Ley 3.949 de ampliación de 5 a 9 vocales del TSJ

Sigue el debate en torno a la crisis institucional que vive la provincia de Santa Cruz, que tiene dos posturas bien marcadas, a partir del cambio de la ley que propició la ampliación de 5 a 9 vocales del Tribunal Superior de Justicia. A través de las redes sociales, tanto la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz), autora de la ley, como el gremio de los judiciales provinciales, a cargo del secretario general Franco Mascheroni, autor del amparo que generó el freno de la misma, realizaron largas argumentaciones.

La legisladora, bajo el título “El delicado equilibrio entre los poderes y la constitucionalidad de la Ley 3.949“, indicó que el control de constitucionalidad de las leyes es una de las más delicadas tareas que tiene a cargo el Poder Judicial, ya que implica el ejercicio de una función que ha sido históricamente caracterizada como contramayoritaria. Por medio de este control, “el Poder Judicial, cuya legitimidad no surge de manera directa del sufragio, puede declarar que una norma sancionada por la mayoría gobernante pierda legitimidad al ser tachada como contraria a la Constitución” y añadió: “Ese enorme poder tiene en nuestro sistema institucional”, sin embargo, aclaró que tiene “algunos límites claros y precisos“.

Al respecto, explicó que sólo puede ejercerse en el marco de una “causa” o “caso” judicial con una parte legitimada para demandar y con efectos limitados: “Sólo vale la descalificación de la ley para el caso concreto“. Y recordó que la Corte Suprema nacional ha dicho enfáticamente que: “… ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes (con alcances generales) ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860…” (CSJN, Fallos, 333:1023)” y que “ningún juez puede legislar, ni gobernar a través de sus fallos“.

Remarcó que la Ley N° 3.949, que modificó la Ley Orgánica de la Justicia y amplió el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9, “no es cualquier ley“, ya que “es una de esas leyes que ponen en ejercicio poderes concurrentes de los poderes legislativo y ejecutivo, y que tienen por misión estructurar el diseño y funcionamiento de otro de los poderes del Estado: el Poder Judicial” y subrayó: “Esta ley pone en juego, entonces, la definición de cuestiones políticas del diseño institucional del Estado provincial que, regidas por la propia Constitución, no pueden ser sometidas a la consideración del Poder Judicial. No son justiciables“.

En concreto, Nieto indicó que “no es tarea de la Justicia revisar si la ampliación del número de un órgano o cuerpo colegiado cambiará o no las mayorías circunstanciales que dentro del mismo puedan existir. Tal como ocurrió, efectivamente, en 1995, cuando el Gobierno de turno amplió el número de vocales del Tribunal Superior de 3 a 5 y nombró a 3 jueces nuevos, ya que un cargo estaba vacante desde hacía años. El cargo que, por lo demás, subrogaba el procurador general Eduardo Sosa“.

Entre otras cosas, dijo que los jueces “carecen de competencia y jurisdicción para impedir que los otros poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo) desarrollen sus funciones legítimas dentro de los procedimientos constitucionalmente establecidos“. Pueden, como se dijo, luego, “controlar, en un caso y con efectos limitados, su validez constitucional. Pero, en principio, no pueden impedir que dicten las normas o las pongan en ejecución“, subrayó.

Justicia independiente

Por su parte, los judiciales a cargo de Franco Mascheroni escribieron -en un posteo-: “Por una Justicia independiente, responsable y al servicio de Santa Cruz“. Al respecto, volvieron a expresar “su profunda preocupación” ante la ampliación del TSJ, aprobada mediante la Ley N° 3.949, que llevó de cinco a nueve el número de vocales.

“Esta decisión, sancionada de forma acelerada y sin participación ciudadana, ni el debate técnico ni presupuestario que una medida de tal magnitud requiere, afecta la estabilidad institucional y económica de toda la provincia. Mientras se reducen presupuestos en salud, educación, obra pública y salarios, se multiplican los cargos de mayor jerarquía y costo permanente para el Estado“, expresaron.

Asimismo, señalaron que la Constitución provincial “exige responsabilidad y previsión presupuestaria antes de crear nuevos cargos y que el principio de independencia judicial debe resguardarse frente a cualquier intento de cooptación política, venga de donde venga“. Y mencionaron que “durante tres décadas, el Poder Judicial de Santa Cruz fue objeto de injerencias políticas que condicionaron su autonomía. Hoy, al igual que en el pasado, advertimos ese riesgo. Nuestra posición es clara: la Justicia no puede ser botín de ningún gobierno ni partido”.

También aclararon que el gremio presentó un amparo judicial que busca “frenar los efectos de esta ley y abrir un debate serio, público y responsable sobre el verdadero funcionamiento del Poder Judicial y el uso de los recursos provinciales“. “Recordamos que las medidas judiciales deben cumplirse. La vigencia del Estado de Derecho exige que toda resolución dictada por los tribunales sea respetada, sin excepciones ni demoras, especialmente cuando se trata de proteger la institucionalidad y el equilibrio de los poderes del Estado“, sostuvieron más adelante.

Antes de finalizar la columna, desde el sindicato de judiciales manifestaron: “Defendemos una Justicia independiente, cercana a la sociedad, con recursos garantizados para los trabajadores y trabajadoras que la hacen posible. No estamos discutiendo nombres ni colores políticos, sino el derecho de toda la ciudadanía santacruceña a tener una Justicia que actúe con autonomía, transparencia y equilibrio“.