Política y Economía

La Justicia intimó a Servicios Públicos a realizar una audiencia pública

Por La Opinión Austral


Es a partir de la medida cautelar interpuesta el año pasado por la diputada de Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán. El juez Antonio Andrade resolvió que esa empresa del Estado "celebre una audiencia pública" para explicar "los alcances del nuevo cuadro tarifario". El fallo rechaza así el pedido de revocatoria presentado por el Gobierno Provincial.

En abril del año pasado, el juez de familia Antonio Andrade hizo lugar a una medida cautelar presentada por la diputada de Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán, a la cual luego se sumaron 180 amparistas. El recurso había sido interpuesto ante el aumento de tarifas que había implementado Servicios Públicos Sociedad del Estado, modificándolas en función de los incrementos de la transportista Cammesa.

Para Andrade, la disposición judicial fue incumplida por la empresa. Esta dio de baja la resolución que había dispuesto el aumento de tarifas en enero de 2017, alcanzada por la cautelar, para aplicar, con posterioridad, los aumentos bajo otra modalidad. A partir de esta derogación y a través del fiscal de Estado Fernando Tanarro, el Gobierno Provincial pidió la revocatoria de la medida judicial, la que no fue aceptada por el juez.

A casi un año de la judicialización de la suba de tarifas, Antonio Andrade rechazó "el recurso de revocatoria planteado por la empresa Servicios Públicos" y concedió "la apelación promovida en subsidio con carácter no suspensivo", pero nada dice sobre el cuadro tarifario actual (2018 por lo que el mismo continuará vigente.

Además, en su fallo -al que tuvo acceso La Opinión Austral- el magistrado libró un oficio al Juzgado de Instrucción Penal "a los fines que se investiguen los presuntos delitos de desobediencia o incumplimiento de los deberes de funcionario público de aquellos que hayan resuelto desconociendo la manda judicial". Esto último fue resuelto en virtud a no haber "acatado" la disposición inicial de Andrade, por la que sí congelaban las tarifas. También libró un oficio al Tribunal de Cuentas para que "se deslinden las responsabilidades funcionales en el marco de sus atribuciones".

Finalmente, el juez intimó "al presidente de Servicios Públicos (Lucio Tamburo) a que en el término de 20 días celebre una audiencia pública administrativa con debida publicidad, en la que se garantice la participación de todos los usuarios de la provincia de Santa Cruz y en la que se proceda a dar debida explicación de los alcances del nuevo cuadro tarifario", refiriéndose, de acuerdo a los considerandos del fallo, al que se aplica en la actualidad.

Y en ese punto, aclara que en caso de no cumplirse con la ejecución de la audiencia, "se remitirá nuevamente a la Justicia Penal por el delito de desobediencia", se impondrá "una multa diaria de 10 mil pesos" que irá acrecentándose a medida que haya nuevos incumplimientos, se remitirán los antecedentes al Ministerio de Economía y se impondrán "otras sanciones progresivas en caso de corroborarse nuevos incumplimientos"

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