Ayer se llevó adelante la audiencia entre el SOEM y la Municipalidad de Río Gallegos en el marco del conflicto salarial. Las huelgas generaron la interrupción de los servicios de recolección y mantenimiento de cloacas. Desde la Justicia se ordenó que se permita la salida de los camiones.

El conflicto municipal en Río Gallegos inició la semana con una tensa relación entre el SOEM y el Ejecutivo local.

A primera hora del lunes un numeroso grupo de agentes marcó presencia en el corralón de la calle Bark, medida resuelta en la asamblea del pasado domingo.

Con ello los municipales dieron continuidad al plan de lucha definido, mientras que quienes conducen los camiones de recolección de residuos y los que realizan las tareas de mantenimiento de la red de cloacas decidieron no salir a cumplir con sus tareas.

Así, pasadas las diez de la mañana, la comisión directiva del SOEM, encabezada por Pedro Mansilla (secretario general) y el Ejecutivo Municipal (representado por el secretario de Gobierno Ing. César Guatti) se hicieron presentes en el Juzgado N° 2 a cargo del Dr. Francisco Marincovic, para llevar adelante la audiencia correspondiente luego de la denuncia realizada por la comuna.

Este medio pudo conocer que hubo una decisión formal del magistrado para que se permita el libre trabajo de los camiones recolectores y desobstructores ante la emergencia sanitaria en que se encuentra la población.

En tanto, en la tarde de ayer hubo una reunión del Cuerpo de Delegados del SOEM, pero a pesar de los intentos de comunicación de este medio con el gremio, no se informó cuál ha sido la resolución tomada para dar continuidad a sus demandas en esta jornada.

SOEM

Concluida la audiencia, Pedro Mansilla (secretario general del gremio municipal) dijo a los medios presentes que fueron notificados el pasado viernes sobre la mediación judicial y “nos indicaban que teníamos que dejar el paso libre a la maquinaria, pedido que se está cumpliendo”.

Sin embargo, el trabajador sostuvo que ellos demandaron que esos mismos vehículos deben “reunir las condiciones de seguridad e higiene para transitar en la vía pública. Por ello es que pedimos que se presenten las áreas correspondientes para verificar que se dé efectivo cumplimiento a estas normativas”.

En este orden, Mansilla apuntó que el intendente Roberto Giubetich “manda a sus funcionarios a menos de 24 horas de una nueva reunión paritaria a ponernos una medida cautelar en un Juzgado. Nos están diciendo que no habrá nada de ofrecimiento salarial, salen corriendo a los Juzgados al mejor estilo de Raúl Cantín (ex intendente de Río Gallegos por lo que estaremos expectantes a la paritaria”, al tiempo que deslizó que las medidas se recrudecerán “sin oferta salarial”.

El municipal insistió en que el conflicto se debe a que solicitan un incremento salarial para este año en curso, “por lo que el conjunto de trabajadores espera una oferta”.

En tanto, ratificó que para la mesa de negociación de esta jornada insistieron con la presencia de los funcionarios de la Dirección de Personal del municipio para que “nos aclaren dónde están los 3.670 trabajadores. Sabemos que muchos están liberados por acuerdos políticos”, acusando de esa realidad al “Frente Para la Victoria y Unión Cívica Radical”.

Emergencia

Más adelante, Mansilla acusó que el Juez que entiende esta causa enmarcada en la emergencia sanitaria dictada por el municipio local “está reflotando un expediente del año 2015”, recordando que por aquellos días hubo una orden al Municipio de ejecutar una “remediación en el Vaciadero Municipal. Sin embargo, el magistrado tuvo que reconocer que los datos que le ha suministrado la Municipalidad no eran tan reales sobre los arreglos en el predio”.

“La clase política busca desarticular la lucha de los trabajadores y por eso vienen corriendo al Juzgado, pero deberían reordenar sus números y repatriar a los ñoquis y a los que no quieran trabajar deberían echarlos”, concluyó el dirigente.

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