En 2017, la atención del Sistema de Seguridad Social Provincial demandó al Tesoro Provincial un total de 9.087 millones de pesos. En contrapartida, por este rubro sólo ingresaron 4.355 millones, por lo que el déficit a cubrir ascendió a los 4.732 millones de pesos. Los aportes de ANSeS cubrieron casi el 12% de esa cifra y los de la Intransferibilidad, otro 10%.

*Por Irene Stur

Que el sistema de seguridad social de Santa Cruz no es sustentable es algo que se viene discutiendo desde hace más de dos décadas, sin que se llegue a un punto de consenso que permita revertir esta ecuación negativa.
Los últimos intentos de modificación de la ley previsional, realizados con anterioridad a la actual gestión, naufragaron ante la negativa absoluta de los gremios.
La realidad de la Caja de Previsión Provincial tampoco es muy diferente a la que atraviesa prácticamente la totalidad de las 13 cajas no transferidas a Nación.
De hecho, el actual Gobierno ha afirmado que la búsqueda de una sustentabilidad surgiría de un consenso mayoritario, pero por el momento sigue siendo un debate pendiente y mientras tanto el esfuerzo presupuestario sigue siendo significativo.
Salvo un par de excepciones, la mayoría de los municipios no puede hacer frente al pago de aportes y contribuciones. Pero de todas formas derivaron de sus fondos coparticipables, por imperio de la ley 2.052 un total de 488 millones de pesos durante el 2017, proveniente del 20% de la coparticipación provincial recibida durante el año pasado.
En el Ejecutado provisorio del 2017, que giró el Ministerio de Economía a la Cámara de Diputados, se señala que por todo concepto, los ingresos a la Seguridad Social de Santa Cruz ascendieron a 4.355,7 millones de pesos. Aunque allí no se contabilizan ni los ingresos por cumplimiento de la ley 2.052 ni tampoco los aportes que, por la ley de Reparación Histórica, debe mandar la Nación a Santa Cruz.
En el caso de los fondos coparticipables, los mismos equivalen al 20% de la coparticipación que de ingresos provinciales debe recibir el conjunto de los Municipios. Eso significó 488 millones de pesos que son destinados a la Caja de Previsión Social para morigerar el desequilibrio del sistema. Apenas un 10% del desbalance primario de la Caja.
También en auxilio de ese déficit, son los fondos provenientes de la ANSeS, que en 2017 llegaron a los 580,99 millones de pesos. Un 12.3% del faltante para cubrir la demanda de la Seguridad Social.
En el Ejecutado, la Caja de Previsión Social registró erogaciones totales por $ 9.087.112.497,54. De ese monto el grueso es el pago de las jubilaciones y pensiones del sistema previsional, que ascendieron durante el año pasado a 9.000,65 millones de pesos.
La diferencia es el gasto de funcionamiento, que se concentra en 81 millones de pesos en personal y los casi 7 millones restantes en bienes de uso y capital.
De esta forma, el balance primario de la Caja da un rojo de $ 4.732 millones, que descontados los diversos aportes provenientes de distintas leyes, hace que el año pasado el Tesoro debió transferir a la Caja de Previsión Social un total de $ 3.662 millones para atender el pago del sistema.
Este monto, sugiere una mejora de la sustentabilidad del sistema, ya que en 2016 la cifra que debió girar el Tesoro fue apenas levemente inferior: $ 3.504 millones, aunque el monto que demandó el pago de las jubilaciones y pensiones ese año ascendió a 7.765,2 millones de pesos, es decir un 86% de lo que se requirió en 2017.

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