Forzado quizás por la denuncia penal que formuló el organismo de contralor, o el proyecto de ley que pide la Intervención y su destitución, José María Carambia giró al Concejo Deliberante “la documentación, que de manera arbitraria solicitó el Tribunal de Cuentas” según señala la nota de remisión.

En paralelo que el diputado Víctor Alvarez presentaba en la Legislatura Provincial un proyecto pidiendo la Intervención del Municipio de Las Heras y la cesantía de su intendente, José María Carambia (ver nota aparte desde la comuna se remitía al Concejo Deliberante de esa ciudad la documentación que había sido requerida por el Tribunal de Cuentas cuando intentó hacer la auditoría que los funcionarios municipales impidieron, el pasado 14 de mayo.
En la nota de elevación, firmada por dos de los funcionarios denunciados por el Tribunal por obstrucción e incumplimientos de deberes: el secretario de Legal y Técnico, Constantino Rizzo y la secretaria de Hacienda, Natalia Crnkovic, dirigida a la titular del Concejo Deliberante, señalan que proceden a “remitir la documentación, que de manera arbitraria, solicitó el Tribunal de Cuentas el día 14 de mayo”.
Aclaran que aquella auditoría se fundaba en la resolución 233-TC-18 del Tribunal la cual “no se encuentra firme ni es susceptible de ejecución”, toda vez que aducen que ese mismo 14 de mayo la comuna “interpuso un recurso de reconsideración, con apelación en subsidio por ser arbitraria, ser su objetivo nulo y por consiguiente carecer de causa y exceder el ámbito de competencia que tiene el Tribunal”, insisten desde la Comuna de Las Heras, ratificando la postura que mostró el Dr. Rizzo cuando rechazó el último intento de auditoría que realizó el Tribunal, antes de decidir, por unanimidad, avanzar en la denuncia penal.
Para reforzar su postura y realizando una interpretación particular, el secretario legal de Las Heras recuerda la negativa del jefe de Auditores a recibir las rendiciones de cuentas que el Municipio intentó entregar, salteando al Concejo Deliberante, el 16 de abril de este año.
Es que la ley claramente establece que las rendiciones el Municipio las debe remitir al Concejo Deliberante y es éste, luego de aprobarlas, el que debe girarlas al Tribunal de Cuentas, algo que no tiene que ver con las auditorías de gestión que, habitualmente, realiza el TC a todas las Comunas santacruceñas, desde su creación.

Nota descargo
En la nota de elevación, a la que tuvo acceso La Opinión Austral y que más bien fue redactada como una nota de descargo, los funcionarios aseguran que se enteraron de la decisión del Tribunal de avanzar en una denuncia penal contra ellos, por el sitio del vocal por la Minoría, Javier Stoessel, y afirman que lo expuesto por los auditores de que tuvieron impedimentos para trabajar, “es totalmente falso”, y aclararon que ellos mismos se presentaron ante el fiscal, Fabio Candía, para “evitar malos entendidos” y “prestar la colaboración necesaria con el objeto de demostrar que nada se está ocultando”.
Adelantaron que solicitarán al Superior Tribunal de Justicia que se expida sobre la competencia real y alcance del Tribunal de Cuentas en el control de la gestión municipal, atento a la autonomía fijada por la Constitución Provincial, y así evitar “abusos, tal como está ocurriendo con esta Municipalidad”.
En esa presentación a la Justicia, también acompañaron la documentación que había sido solicitada por el Tribunal, pero el fiscal se las devolvió, entendiendo que la misma debía ser girada al Tribunal de Cuentas.
Ante esto, señalan que decidieron atenerse al art. 33 de la ley 500 que ordena que cada jefe comunal deberá, antes de los 60 días de cerrado el ejercicio de cada año, elevar al Concejo Deliberante la rendición de cuentas de la percepción e inversión de los fondos municipales”, girando así la Municipalidad, “apelando a la buena voluntad, respeto de las instituciones y el resguardo del interés público”, la documentación que, en su momento, habían solicitado los auditores del organismo de contralor.

Documentación
Un total de 65 puntos fueron elevados al Concejo Deliberante de Las Heras por el Ejecutivo Municipal, que va desde la nómina de personal, control de ingresos y egresos de los mismos, tarifaria vigente e incluso la totalidad de la documentación de ida y vuelta de la polémica con el Tribunal.
La mayoría de esos 65 puntos, son copias de los expedientes de licitaciones públicas y privadas para la realización de diversas obras en el Municipio, incluyendo la construcción de viviendas y otras obras que se realizan con fondos nacionales.
Un dato llamativo es que de todas las licitaciones adjuntadas y en ejecución, sólo dos fueron bajo la modalidad de “públicas” el resto fueron todas “privadas”, es decir sin compulsa abierta.

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