Renovado impulso antiminero: de Mendoza al resto del país

La primera señal de alarma se encendió en Chubut, en donde las manifestaciones en contra de la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros se retomaron con mayor énfasis. El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, señaló que si bien es imperioso “que haya licencia social”, también es necesario “que la minería en Mendoza no sea frenada”.

Por Sabrina Pont

La
minería cerró el año 2019 con sabor amargo: las primeras repercusiones de las
grandes movilizaciones en contra de su desarrollo, que se desataron en Mendoza,
anticipan algunos de los grandes temores del sector: El efecto que podría tener
en otros distritos del país, en donde también se debaten leyes y resoluciones
que, con fundamentos ambientalistas extremos, prohíben la actividad.

La
polémica comenzó a partir de la sanción de la ley 9209
– aprobada por amplia mayoría en el
Parlamento cuyano, modificando una norma anterior. La ley dejaba sin efecto la
prohibición del uso de elementos que se precisan para la minería metalífera,
como el cianuro. La reacción no se hizo esperar. Una parte importante de la
sociedad mendocina se manifestó en contra de los cambios y encabezó una fuerte campaña
antiminera. En pocas horas logró amplio eco en redes sociales, en algunos
medios de comunicación y también, la adhesión de personalidades del ambiente
artístico, incluso a nivel internacional.

Los hechos desplegaron tal notoriedad que obligaron al
gobernador Rodolfo Suárez a revertir la decisión. El mandatario, ante la
evidencia de que “no hay licencia social” para la minería en la provincia, dio
marcha atrás y envió la derogación de la ley sancionada al Parlamento. El
procedimiento de anulación ya se aprobó en el Senado local y también en
Diputados .

Pero lo más importante son los ecos que la revuelta mendocina
trae consigo.

Repercusiones

La
primera señal de alarma se encendió en Chubut, en donde las manifestaciones en
contra de la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de
recursos mineros se retomaron con mayor énfasis.

En esa
provincia, como en Mendoza, también se instaló desde hace unos años el debate
minero ante la posibilidad de habilitar la actividad con la modificación de una
ley prohibitiva. La norma chubutense que se pretende ampliar con la definición
de las áreas en que se exceptuaría la prohibición fue aprobada en el año 2003
(Ley 5001) e impide hoy la puesta en marcha de un gran proyecto de producción
de plata llamado Navidad, propiedad de Pan American Silver Argentina desde
2010.

Tanto
en Mendoza como en Chubut, las leyes se discutieron en 2018 en las Legislaturas
Provinciales con la intención de modificarlas o perfeccionarlas. Luego, las
definiciones quedaron congeladas en medio de la inminente agenda electoral que
se impuso en 2019 en todo el país y hoy vuelven a la escena parlamentaria de
ambos distritos. No se trata en ninguno de los casos de decisiones apresuradas
motivadas arbitrariamente por el cambio de gobierno, tal como cuestionaron los
que se manifestaron en contra.

Otras provincias

Otro
proyecto que podría verse afectado es el cuprífero Agua Rica, que ya divide a
dos departamentos catamarqueños: por un lado, la sociedad de Belén está a favor
de que avance el emprendimiento de la minera Yamana Gold, y por el otro, los
ciudadanos de Andalgalá, que amparados en una ordenanza municipal que impide su
desarrollo desde 2016, retomaron su fuerza antiminera tras los hechos en
Mendoza.

En Río
Negro también hubo una movilización antiminera, que se activó como consecuencia
de la arremetida mendocina. Se concentró en el Centro Cívico de Bariloche el último
domingo del año y apuntó a pronunciar el estado de alerta ante las nuevas
exploraciones que la metalífera nacional Patagonia Gold, a cargo del proyecto
Calcatreu, iniciará en la Región Sur de la provincia y para rechazar, tal como
expresaron los reclamantes, “la megaminería a cielo abierto” en todo el país.
Los embates no terminaron ahí, y quizás aún no es posible medir los alcances
del impacto.

La postura nacional

En
tanto, el secretario de Minería de la Nación, el sanjuanino Alberto Hensel, estuvo
de acuerdo con el gobernador mendocino en que “es preciso convocar a todos los
sectores, dar el debate, dar la discusión, aunque algún sector no acepte ningún
tipo de explicación al respecto”, aunque remarcó que si bien es imperioso “que
haya licencia social”, también es necesario “que la minería en Mendoza no sea
frenada”. “La licencia social se construye a partir de que exista la
posibilidad de desarrollar una determinada actividad. Si vedás esa posibilidad,
no hay posibilidad de licencia social”, explicó la autoridad minera nacional.

“El
presidente Alberto Fernández ha sido claro, la minería puede constituir uno de
los pilares fundamentales del desarrollo de la Argentina. Uno de los grandes
desafíos que tenemos en la minería es el control, aplicar y exigir el
cumplimiento de los más altos estándares internacionales, porque la discusión
no pasa por hacer o no minería, sino cómo hacerla. En Canadá y en Australia han
tenido desarrollo a partir de la actividad y por ejemplo, en el segundo país
este año se van a poner en marcha 6 minas más”, completó Hensel.

Por su
parte, tras la derogación de la ley 9.209, la Cámara Argentina de Empresarios
Mineros (CAEM) dijo que lamenta “la oportunidad que pierde nuestro país en
términos de empleo y de desarrollo productivo regional”.

A
través de un comunicado de prensa, la entidad empresaria señaló que confía en
que lo acontecido en Mendoza “represente un nuevo punto de partida, que
propicie un proceso de dialogo superador mediante la generación de consensos
productivos”.

“Lo
sucedido marca el camino: el trabajo por delante en pos de consensos es arduo y
transformador. Pero ya estamos avanzando en esa dirección. Los programas
internacionales de transparencia y calidad como la Iniciativa para la
Transparencia de la Industrias Extractivas (EITI) y Hacia una Minería
Sustentable (HMS) ya están dando sus primeros pasos en el país, constituyendo
un nuevo marco para la industria minera. A ellos, se suman todas las instancias
de control ciudadano”, completó la Cámara que representa a la industria en todo
el país.