Sin contratos energéticos en dólares, no habrá nuevos grandes proyectos

Los pequeños emprendimientos enmarcados en la Ley de Generación Distribuida y en los contratos denominados MATER (Mercado a Término de Energías Renovables) toman relevancia en la agenda del sector de las energías limpias ante la falta de nuevas licitaciones para proyectos grandes de parques eólicos y solares en el mediano plazo.

• Por Sabrina Pont

La variable financiera es hoy la principal barrera para el desarrollo de proyectos de generación de energía de fuentes renovables, pero no es la única; otra de las restricciones fuertes es la reducida capacidad de despacho en las redes de transmisión, y se suma a la lista la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) no acepte más contratos en dólares, como sí se hizo durante el mandato de Mauricio Macri.

Frente a este escenario, referentes del sector energético ponen en duda que el país logre cumplir con los objetivos planteados por la Ley 27.191 de Fomento para el Uso de Fuentes Renovables para la Generación, que supone la incorporación de 10.000 MW de energías alternativas a las de origen fósil a la red eléctrica para el año 2025, con lo que se alcanzaría a completar un 20% de la matriz energética argentina.

Desde
el Gobierno Nacional, por caso, confían en que sí alcanzará para lograr la meta
planteada en la norma la energía que se pueda llegar a agregar a partir del
desarrollo de nuevos proyectos enmarcados en la Ley de Generación Distribuida y
en los contratos denominados MATER (Mercado a Término de Energías Renovables
que es la alternativa para los grandes usuarios que quieren cubrir su cuota de
energía renovable por medio de contratos privados. De esta manera, se desprende
que al menos en los primeros años de la administración de Alberto Fernández no
va a haber licitaciones públicas para construir grandes parques eólicos,
solares o de bioenergía.

Los RenovAr

En
cuanto a los contratos ya firmados en el marco de lo que se denominó como las
Rondas RenovAr en la administración anterior, los que ya se ejecutaron y
entraron en operación se van a continuar tal como quedaron plasmados. Los que
están en construcción pero con algún atraso en su desarrollo, se van a rever
uno por uno, es decir cuáles son las penalidades y poner a consideración las
causas de las demoras.

En
último término, existen emprendimientos que se van a rescindir y son los que si
bien fueron adjudicados aún no han arrancado y no tienen el financiamiento
aterrizado.

“Los
proyectos de generación distribuida son los que más van a crecer porque es algo
que está al alcance de las Pymes y termina siendo conveniente, en términos
económicos, poner un sistema de generación de energía solar o eólica en el
techo de la fábrica o en la fachada del comercio y venderle la energía que le
sobra los fines de semana a la distribuidora”, estima en diálogo con SCP
Marcelo Álvarez, consultor y especialista en la materia, quien hasta el año
pasado lideró la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).

Autogeneración

La Ley 27.424 de Generación Distribuida permite a los usuarios del sistema eléctrico interconectado autogenerarse con energías que obtengan de la producción de paneles solares, tecnologías de biomasa y biogás, turbinas hidroeléctricas o aerogeneradores de baja potencia e inyectar el excedente de generación si lo hubiera a la red en todo el territorio. Además, la normativa establece una exención de los impuestos de IVA y Ganancias para los usuarios generadores, residenciales o pymes pequeñas, solamente para cuando inyecten energía a la red.

Se
calcula que un hogar con consumo promedio de 300 kv/h mensual tardará 7 años en
recuperar la inversión de entre 6 y 8 paneles solares. Para ello requiere un
gasto inicial de instalación de entre 3 y 4 mil dólares. Una pyme, por caso,
deberá invertir cerca de 25.000 dólares.

“Son
proyectos chicos que pueden ser instalados en domicilios particulares, en
comercios o pequeñas industrias, y creo que es el nicho que más se va a mover
porque hay una política de inventivos a la inversión inicial. Para las empresas
o personas jurídicas, esos incentivos financian parte del capital inicial en
créditos fiscales”, explica Álvarez. Agrega que también “se espera que haya
financiamiento de banca pública para los domiciliarios porque hay un fondo
asociado para hacer eso” en referencia al Fondo para la Generación Distribuida
de Energías Renovables (FODIS).

El
FODIS es un instrumento para incentivar la instalación de este tipo de
equipamiento a través de préstamos, subsidios o bonificación de tasas de
interés para créditos y cuyo funcionamiento quedó descrito en la reglamentación
de la Ley a fines de 2018.

En
relación con los contratos MATER, el experto opina que no van a tener mayor
protagonismo porque “la mayoría de los que tienen capacidad para contratar
energía a diez años (una de las condiciones que plantea la modalidad) ya lo
hicieron en renovables, y el resto está esperando a ver qué pasa porque tanto
la incertidumbre como los precios en la energía son altos”.

El uso de las
renovables

En
diciembre de 2019, las energías renovables representaron un 8,2% de la matriz
energética nacional, poco menos de la mitad de lo que se aspira a llegar en
cinco años para cumplir con la Ley. El promedio anual fue de 6% de
participación sobre la demanda, según datos de CAMMESA.

Según
Álvarez, para conseguir llegar a las metas que obliga la legislación vigente va
a hacer falta que se reactive el sector de renovables “con financiamiento en
términos razonables” y que se hagan “las inversiones necesarias para ampliar la
capacidad de transporte en redes, para poder transportar a CAMMESA desde los
centros eólicos y solares más competitivos, sobre todo desde los lugares donde
mayor recurso hay”, completa.

La
limitación en la capacidad de transporte abarca a todas las formas de
generación energética, aunque en el caso de la eólica es mayor porque se observan
importantes restricciones en las zonas de mayor recurso eólico, como en la
región de la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires y Comahue.