Inoperancia y falta de voluntad política

Si bien se aprobó la ordenanza para “regular” la proliferación de canes en la ciudad, que tiene como primera medida la castración masiva, para avanzar y llegar a buen puerto falta muchísimo. La inoperancia comunal y falta de voluntad política -y de presupuesto- vislumbran que la problemática no tendrá solución a corto ni mediano plazo.

Luego de un año de discusión y debate sobre qué medidas adoptar para controlar la superpoblación canina en Río Gallegos, a principios de mes fue aprobada la ordenanza que busca regular la proliferación de perros, en el marco de la séptima sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

El proyecto fue presentado por el edil Osvaldo Scippo, tras tomar en cuenta lo surgido de la Audiencia Pública realizada en 2017 que tuvo a muchos oradores, algunos de ellos bastante polémicos, y tomando también encuentros con proteccionistas. Fue aprobado por mayoría con los votos de Eloy Echazú y Martín Medvedovsky, que acompañaron a su par del Bloque, y de Evaristo Ruiz y Juan Manuel Kingma. Daniel Roquel y Fabián Leguizamón votaron por la negativa, considerando que aún faltaban modificaciones que realizar. 

Cabe recordar que desde la presentación del proyecto hubo cruces entre referentes de protectoras y ediles. El primer sector pidió emular proyectos que son “efectivos” en otros puntos del país y sostuvo que el Concejo estaba “empeñado en sacar una ordenanza que no va a funcionar”, mientras que los ediles marcaron que sus reclamos han “entorpecido” y retrasado las modificaciones necesarias.

Dentro de los puntos más importantes de la ordenanza, se plantea como método para controlar la situación la esterilización quirúrgica de manera gratuita y masiva, “con el objetivo de cumplir con una esterilización anual equivalente al 10 por ciento de la población canina de la ciudad o 6 mil perros, priorizando la población de hembras”.

También se impondrán multas a los contribuyentes cuyas mascotas ocasionan daños o perjuicios a terceros o que sean capturadas en la vía pública. Este es uno de los puntos cuestionados por referentes proteccionistas, ya que entienden que es el Estado quien debe, primero, llevar adelante las políticas públicas necesarias para tratar la problemática, entre ellas la educación a la población.

Si bien esta ordenanza ya fue aprobada y a priori tratará de regular la proliferación de canes con castraciones masivas, no se vislumbra que la problemática tenga una solución a corto ni mediano plazo. Tampoco a largo plazo consideran desde las proteccionistas, ya que apuntaron se debe derogar la N° 8426 basada en la tenencia responsable y realizar modificaciones.

La inoperancia comunal y de herramientas, la falta de voluntad política -y de presupuesto- hacen entrever que llegar a buen puerto es muy difícil. Mientras tanto, sigue habiendo casos de envenenamiento de perros y vecinos mordidos por jaurías en distintos puntos de la capital santacruceña.

“Estamos al horno”

Analía Muñoz, de Proyecto Animal, dialogó con La Opinión Austral y dio su postura con respecto a la actualidad que se vive con este tema: “el problema es que se sancionó una ordenanza que no deja derogar la 8.426 basada en la tenencia responsable, que siempre responsabiliza al dueño del perro por esa falta de políticas públicas del Estado. Eso va con multas, con encierros a perros mordedores y hay un vacío legal, donde esto queda a criterio de veterinarios”, remarcando que “acá no se los rehabilita a los animales ni se les puede limar los colmillos”.

“Está basada en esta ordenanza -agregó- y se sigue en lo mismo, pintando de lindo algo mal de base. Por más que pongan castraciones gratuitas y todo, si sigue vigente la 8.426 estamos al horno. Hay que derogarla, le pedimos al intendente que vete la de la Audiencia Pública que armó Scippo porque no va a funcionar”.

En este sentido, la proteccionista apuntó a la falta de voluntad política y también de presupuesto, recordando que “la ordenanza que presentamos nosotros es que no se cobren impuestos al vecino, sino de las tasas al Casino o grandes empresas, se saque una partida presupuestaria de ahí. Se puede hacer la mejor ordenanza del mundo, pero si no se puede bancar, ¿qué hacés?”, cuestionó.

Dijo, además, que hoy la Comuna no tiene plata para garantizar las castraciones, ni contratar los veterinarios necesarios para hacerlas efectivas, ni tampoco para refaccionar el área de Bienestar Animal.

Con respecto a la labor de este espacio comunal, subrayó que las castraciones en el castramóvil son “a cuenta gotas” y que no alcanzan, además de que el personal está con medidas de fuerza. Aseveró que se requiere “reeducar” al vecino, y que los inspectores en lugar de “demonizar” al animal tienen que hacer este trabajo.

Cuestionó, también, que en Bienestar Animal los perros que estaban allí aguardando por adopción están siempre sin cuidado y que eran proteccionistas quienes “iban a limpiar y darles de comer”. “Aparte, están en esos caniles, y si se los deja 12 o 15 días, es obvio que el perro se pone agresivo”, despuntó. Mencionó que hoy solamente hay una pitbull, aguardando ser adoptada.

Por último aseveró que continuarán trabajando por el lado de “concientizar a la comunidad”, ya que se han sentado en reiteradas oportunidades con los concejales y el intendente, quienes “están muy preparados y entendidos en el tema, si no hacen las cosas como corresponden es porque no quieren”.