El Gobierno Nacional autorizó un 5% de aumento en los combustibles, pero falta para compensar la brecha entre las paridades de exportación y los precios domésticos, que ronda un 15%. Según el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, después del congelamiento los precios son responsabilidad de las empresas. “Imagino que van a actuar con prudencia”, afirmó.
Por Sabrina Pont
En dos días terminará el plazo de 90 días que Mauricio Macri decretó para el congelamiento de los combustibles tras perder por amplia diferencia las PASO en agosto, todavía es una incógnita cómo se recompondrán los precios de naftas y gasoil en el mercado interno. Mientras el sector privado espera aplicar más incrementos antes de la asunción del flamante presidente electo Alberto Fernández el 10 de diciembre, desde la saliente administración macrista apelan a la “prudencia” de las empresas.
“A partir del 13 de noviembre, que es cuando vence el régimen especial de congelamiento que tuvo que ser aplicado por un decreto de necesidad y urgencia (el 566/2019), vuelve a regir la Ley de Hidrocarburos, que dice que los precios son libres y que son fijados por las empresas y es la norma que quedó suspendida durante la vigencia del DNU”, explicó el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, a Santa Cruz Produce.
“De esta manera, mi Secretaría no va a tener injerencia, sí la seguirá teniendo en la fijación de los precios de los biocombustibles, y la Secretaría de Hacienda la tendrá en los impuestos a los combustibles, pero el precio de la parte fósil dependerá como dice la Ley sólo de las empresas”, agregó.
No obstante, antes del vencimiento el Gobierno Nacional autorizó un aumento de un 5% para los precios en surtidor desde la medianoche del 1 de noviembre “para minimizar el impacto” previsto luego del “descongelamiento”. Sin embargo, esa suba aún no es suficiente para compensar todo el atraso que para las empresas ronda el 20% y se explica principalmente por la inflación y el aumento del tipo de cambio al dólar.
Según Lopetegui, en cambio, los cálculos oficiales aseguran que la brecha que existe entre las paridades de exportación y los precios domésticos de los combustibles es de un 15%.
“No es responsabilidad nuestra, sino que es responsabilidad de las empresas. Imagino que van a actuar con prudencia y no van a pretender cerrar la brecha inmediatamente. Además de prudencia también primará un sentido de su negocio, ya que un aumento tan grande de golpe los puede perjudicar”, señaló el secretario a esta periodista luego de hacer un balance de su gestión ante referentes de la industria en la celebración del 36° aniversario de la fundación del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, en un histórico hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien aseguró que desde su Cartera no han tenido conversaciones con las empresas sobre el tema, el secretario afirmó que confía en que “se va a hacer un camino gradual como siempre se hizo, porque no es la primera vez que nos atrasamos con las paridades de exportación; ocurrió muchas veces, con un salto o una caída brusca del precio internacional o una devaluación”.
Pero además del aumento de un 5% para los precios en surtidor, el Gobierno de Macri también autorizó en el inicio del mes un incremento de un 6% en el impuesto a los combustibles líquidos que venía siendo postergado desde mayo, y una suba de un 8% para el precio del bioetanol de maíz y biodiesel y 6% el bioetanol de caña, que se deben comprar para mezclar con los fósiles tal como indica la Ley 26.093, de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.
Con todo, el desconcierto invadió a refinadores y productores, que señalaron que más de la mitad de la suba para el precio de venta que fue permitido en medio del congelamiento se destinó a pagar los impuestos y los biocombustibles. “Nos encarecen el producto y nos aumentan los impuestos. El margen para las petroleras sobre el 5% es mínimo”, se quejaron en la industria.
Desde que se implementó el congelamiento el 16 de agosto, la Secretaría de Energía permitió otra suba además de la mencionada, de un 4% en las naftas a mediados de septiembre. En esa ocasión, se justificó “por la volatilidad internacional del precio del petróleo” y luego se ratificó que no habría más cambios hasta el 14 de noviembre. Pero la promesa, una vez más, no se pudo sostener.
En tanto, según la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), el próximo aumento se dará luego del 14 de noviembre, aunque consideran probable que sea más cerca del 1° de diciembre. No obstante, otros actores del sector aseguran que posiblemente haya más subas escalonadas entre el día 14 y el inicio de diciembre. Por el momento, aunque sí se harán este año, no está confirmado cómo se implementarán los incrementos.
La medida de fijar el precio del combustible y del crudo, de la que hoy es difícil encontrar salida y de la que no existen precedentes en el país (hasta el momento las intervenciones del Ejecutivo en el precio del petróleo sólo se habían hecho de forma indirecta a través de retenciones), no sólo trajo malestar para las empresas. Por ejemplo, YPF, PAE, Shell, Total Austral, Raízen, Chevron, ExxonMobil y Pluspetrol, bajo la órbita de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), presentaron una acción de amparo judicial en reclamo de la inconstitucionalidad del DNU.
También, los gobernadores de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, elevaron reclamos ante la Corte Suprema porque vieron afectados sus ingresos por regalías por el congelamiento.
Al respecto, el presidente del IAE Mosconi, Jorge Lapeña, avaló a Lopetegui y cuestionó la reacción del propio sector. “El Instituto valora las condiciones de gobernante prudente de Gustavo (Lopetegui), quien respaldó a su presidente en los congelamientos de emergencia a pesar de las despiadadas críticas del propio sector que incluyó un acting desopilante de algunos actores empresarios y políticos”, señaló.
