La Cámara Criminal de Río Gallegos resolvió imponer una pena de cinco años de prisión efectiva y la misma cantidad de tiempo de inhabilitación para conducir.
El tribunal rechazó los pedidos de nulidad y mantuvo la detención domiciliaria mientras se evalúa si Martens puede ser trasladado a un establecimiento penitenciario.
El fallo también establece una reparación civil superior a los 153 millones de pesos para los familiares de la víctima y determina que deberán ser informados sobre cada instancia futura en el régimen de ejecución penal.
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