La Cámara Criminal de Río Gallegos decidió imponer una condena de cinco años de prisión efectiva, junto con igual período de inhabilitación para conducir.

El fallo también dispone una reparación civil superior a 153 millones de pesos destinada a los familiares de la víctima y ordena que sean notificados sobre cada instancia futura vinculada al régimen de ejecución penal.

Tras darse a conocer la resolución, los familiares de la víctima hablaron con la prensa y manifestaron una profunda mezcla de bronca y tristeza. “¡Todo tenía para homicidio doloso!”.

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