Desde hace más de un año y medio, la Justicia Federal de Río Gallegos, junto a la chilena, se encuentra investigando una banda de criminales que, inescrupulosamente, contrabandeaba bienes de un lado y del otro de la frontera.
Se trató del megaoperativo “Alianza Austral” que salió a la luz a mediados de agosto, una vez que se hicieron los casi cincuenta allanamientos de un lado y del otro de la cordillera de los Andes y que arrojaron resultados altamente positivos.
El caso es seguido por La Opinión Austral desde que se conocieron los allanamientos y las averiguaciones que la Fiscalía, a cargo de Julio Zárate, realizó del lado argentino y las que Cristián Cristorto hizo en el vecino país. Así, se pudo saber cómo operaba la banda que, mediante el uso de un paso ilegal en una estancia, traficaba cigarrillos, cubiertas, drogas y hasta armas de fuego.
Del lado argentino, están detenidos desde el 23 de agosto: Marcelo Gasparini, Omar Schulmaeister, Pedro Toledo, Pablo Toledo y Maximiliano Toledo, en tanto que en Chile están tras las rejas ocho personas. Entre ellas, la identidad más resaltable es la de Guillermo “El Memo“ Pérez, señalado como uno de los “socios fundadores” de la asociación ilícita que fue desbaratada hace poco menos de un mes.
Tal como lo informó este diario, desde el sábado siguiente a los allanamientos, la Justicia chilena dispuso la prisión preventiva para sus acusados, por lo menos, durante los cinco próximos meses. Mientras que en Río Gallegos, los mencionados quedaron con prisión preventiva y a la espera de potenciales procesamientos.
Fuentes judiciales consultadas, indicaron que el personal del Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de Claudio Marcelo Vázquez, trabajó, incansablemente, durante el lluvioso fin de semana que se registró en nuestra Río Gallegos, a fin de delinear los últimos detalles para el procesamiento y el encuadre legal contra cada uno de los detenidos.
En el mismo sentido, cabe recordar que la carátula provisoria que se les había impuesto era por “asociación ilícita agravada, contrabando agravado y lavado de activos” y, en un potencial debate de valoración de pruebas, podrían recibir duras penas.
Por otro lado, de este lado de la cordillera hay veintidós personas más imputadas y, desde la semana pasada, han comenzado a desfilar por los pasillos del Juzgado Federal, que está emplazado en la esquina de la avenida San Martín y calle Zapiola, edificio de donde también saldrá la resolución contra los detenidos en la jornada del martes.
Hasta el momento, los imputados en libertad han tomado la misma estrategia: no declarar sobre su presunta participación
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