Escándalo en el Poder Judicial: cesantearon a una agente que vendía información sensible de expedientes

Un grave escándalo sacudió al sistema judicial  cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidió cesantear a una agente judicial de Río Turbio por entorpecer un allanamiento. El caso, caratulado como V. Quipildor S/Sumario Administrativo, reveló serias faltas en el cumplimiento de los deberes que rigen a los trabajadores de la justicia, en especial la obligación de comportarse de “manera irreprochable y mantener la reserva sobre los asuntos judiciales” indicó un comunicado.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que todo se remonta al 31 de agosto de 2023, cuando la agente, pareja del imputado, alertó a este sobre un inminente allanamiento ordenado por la jueza penal. Esta acción no solo comprometió la investigación, sino que también evidenció una falta de ética y profesionalismo que ha llevado a la apertura de un sumario administrativo en su contra. Al iniciar las indagatorias, la Policía de Santa Cruz, a través de la División Apoyo Tecnológico, realizó un análisis del teléfono móvil de la agente, donde se descubrió que poseía información sensible de múltiples procedimientos judiciales, incluyendo expedientes que involucraban a policías.

Este caso tiene sus raíces en una investigación más amplia relacionada con abusos sexuales que ha mantenido en vilo a la comunidad de Río Turbio y 28 de Noviembre. La División de Investigaciones (DDI) llevó a cabo dos allanamientos en estas localidades, en el marco de una causa que, según informes, ha arrojado resultados positivos y secuestrado elementos de interés para la investigación. Las órdenes de allanamiento fueron emitidas por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, a cargo de la jueza Bettina Bustos, y contaron con el apoyo coordinado de varias unidades policiales.

Sin embargo, el verdadero escándalo se desató al descubrir que la agente Quipildor que trabajaba en la mesa de entradas de la sede judicial mantenía carpetas organizadas en su teléfono, que incluían detalles de expedientes, algunos de los cuales involucraban a efectivos policiales. Esto ha despertado una nueva línea de investigación penal que apunta no solo a la ex agente, sino también a abogados que, según se sospecha, habrían comprado información privilegiada