28 cuerpos del expediente. 200 páginas de pedidos de allanamientos. Un mínimo de 150 llamadas. 180 fojas de procesamiento son solo algunos de los números en torno al trabajo que la Justicia Federal viene realizando desde hace un tiempo, en relación a una investigación por una banda transnacional que traficaba bienes desde Argentina a Chile y viceversa.
“¿Ya viene la rúcula?¿y las gomas?” es uno de los mensajes en código que dan cuenta de la operatoria impune con la que una banda que cayó el pasado 23 de septiembre, tras un megaprocedimiento hecho de un lado y del otro en la zona más austral del Cono Sur.
El caso fue nombrado como “Alianza Austral” y es seguido por La Opinión Austral desde que la causa salió a la luz. Este diario ha tenido datos exclusivos sobre las averiguaciones que el Ministerio Público Fiscal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate y la Fiscalía de Magallanes (del lado chileno) de Cristian Cristorto sobre la compleja asociación ilícita que crecía a medida que realizaban los contrabandos por pasos ilegales.
La estancia “Los Tres Chorrillos” era el principal lugar que se utilizaba para el tráfico de bienes. Una vez que se conoció el procesamiento para los detenidos, ahora se conoció que los otros establecimientos en los que había pasos ilegales estaban: “La Verdadera Argentina”, Las Lengas, y San José, todas con caminos que llegaban a las ciudades Cerro Castillo, Dorotea o Puerto Natales.
Para la jornada del martes, se conoció la suerte procesal de Marcelo Gasparini, Pedro Toledo, Pablo Toledo y Maximiliano Toledo y Omar Schulmaeister. Las personas que se encuentran detenidas en la delegación local de la Policía Federal (dos), en las instalaciones de Gendarmería Nacional (dos) y en la Unidad 15 (uno).
Fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral indicaron que el procesamiento es por “asociación ilícita agravada, contrabando agravado y lavado de activos por ser jefes” Gasparini y los Toledo y “asociación ilícita agravada, contrabando agravado y lavado de activos” para Schulmaeister.
Desde el 17 de agosto pasado hasta el martes, el Juzgado Federal de Primera Instancia a cargo de Claudio Marcelo Vázquez ha trabajado incansablemente, en la elaboración de los pedidos de los 49 allanamientos, los requerimientos previos y la confección de los procesamientos para, al menos, estos cinco integrantes de la banda.
De igual manera, desde el jueves pasado y, posiblemente, hasta la tercera semana de septiembre continúan las indagatorias a aquellos imputados que todavía gozan de la libertad. Hasta el momento, la elección de quienes fueron notificados fue la misma: negarse a declarar, posiblemente a la espera de conocer el plexo probatorio en su contra sobre su potencial participación de esta banda que operaba de ambos lados de la Cordillera. Solo un estanciero dio su versión de los hechos pero se deslindó de la asociación ilícita.
Cabe remarcar que, en su procesamiento, el magistrado interviniente del lado argentino trabó un embargo de cinco millones de pesos a cada uno de los procesados. En paralelo, comenzaron los peritajes a los 66 teléfonos celulares que fueron incautados en busca de más información para la causa. Aunque este sea la primera resolución de la Justicia Federal, se espera que las averiguaciones continúen con los nuevos ribetes que surgen a partir de la investigación
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