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Desde el 1 de abril, los consumidores que reciban la factura por las compras que realicen en un comercio, conforme a la Ley 27.743, de Transparencia Fiscal, podrán saber el detalle de cuánto pagan en cada uno de los bienes y servicios en concepto de impuestos, como el IVA y otros gravámenes nacionales indirectos, más ingresos brutos y tasas municipales, en la medida en que las provincias adhieran.

Ya desde el 1 de enero la medida está vigente para las grandes empresas de todo el país, luego de la reglamentación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

También los precios publicados desde ahora deberán discriminar el importe neto de los impuestos indirectos, junto con la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS“, en el importe final.

En los servicios públicos no podrá utilizarse el término gratuito“. Deberá aclararse que están financiados por la recaudación de tributos.

El cambio busca fortalecer la confianza pública a través de una mayor claridad en los costos de cada transacción. Pero al mismo tiempo queriendo concientizar a la ciudadanía sobre la carga impositiva en la economía doméstica.

La implementación requerirá de un corto plazo de adaptación que conlleva ajustes en los sistemas de facturación y la formación del personal.

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