El presidente Alberto Fernández consideró este viernes que la causa judicial por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “avanzó con singular lentitud y dejando de lado pruebas determinantes para la investigación”, por lo que reclamó que “la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos“.
Al cumplirse un año del intento de magnicidio que sufrió la expresidenta en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta, Alberto Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales en el que exhortó que “cuando cumplimos 40 años de democracia, la Argentina debe preservar su institucionalidad”.
En la red social X (antes Twitter), el Presidente agregó: “Hace un año atrás atentaron contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática“.
Al respecto, señaló que “la causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho”.
“Parte de esa mejor institucionalidad exige que la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos y se limite a hacer lo que debe hacer: impartir justicia“, cerró.
La causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta avanza en dirección al juicio oral y público de los supuesto autores materiales mientras que la querella de la exmandataria reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores.
El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha, según informaron a Télam fuentes judiciales.
El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriel Baigún y la querella será la de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.
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