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Alicia Kirchner, senadora por Santa Cruz, junto a sus pares Juliana Di Tullio, Carlos Linares, Martín Soria, Marcelo Lewandowski y Cristina López, presentó un proyecto de comunicación en el Senado de la Nación solicitando al Poder Ejecutivo información detallada sobre la recaudación y ejecución de los recursos del Fondo Fiduciario Vial.

La iniciativa requiere que el Ejecutivo informe el monto total recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Gas Natural desde enero de 2024, el porcentaje efectivamente transferido al Sistema Vial Integrado y a las provincias, el destino de los fondos no ejecutados, las razones de la subejecución, el detalle de las rutas intervenidas, las previsiones de ejecución para el segundo semestre de 2026 y la nómina de licitaciones suspendidas en los últimos 24 meses.

“En lugar de darle el uso específico, se está dando un uso financiero de los fondos viales”, afirmó Alicia Kirchner.

En los fundamentos, Kirchner advirtió sobre la gravedad de la situación: “La subejecución de más del 70% de los recursos recaudados en 2024 y 2025, que ascienden a más de 1,5 billones de pesos, ha derivado en un estado crítico de la infraestructura vial nacional. Con esos fondos se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 km de rutas, reduciendo significativamente los riesgos de accidentes y pérdidas humanas”.

La senadora santacruceña subrayó que el desvío de fondos con destino específico compromete la seguridad vial y vulnera la normativa vigente: “En lugar de darle el uso específico, se está dando un uso financiero de los fondos viales. La admisión pública de que el Ministerio de Economía retiene una porción de lo recaudado para ‘lograr el equilibrio fiscal’ expone una presunta malversación o desvío de fondos”.

Bache en el acceso norte de la ciudad de Caleta Olivia, ruta nacional N° 3. (Foto: Tamara Moreno).

Finalmente, Kirchner destacó la obligación del Congreso de ejercer control y exigir transparencia: “El Congreso, como órgano de control y representación, tiene la obligación de exigir explicaciones al Poder Ejecutivo sobre el destino de estos recursos. La transparencia en la ejecución presupuestaria es un requisito indispensable para la confianza ciudadana en las instituciones”.

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