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El Decreto del presidente Javier Milei, mediante el DNU 340/2025, establece un régimen de excepción que permite que la navegación y el transporte marítimo se lleven a cabo con buques y tripulaciones extranjeras, eliminando la preferencia por la bandera nacional y facilitando la inscripción en registros internacionales. Además, crea un régimen que limita derechos laborales y habilita la designación de una Comisión de Garantías para calificar actividades como esenciales o de importancia trascendental, lo que en la práctica puede restringir el derecho a huelga y acotar garantías constitucionales. Estas medidas constituyen un severo retroceso en la protección de la industria naval, los empleos argentinos, y la soberanía del país.

En respuesta a estos cambios, la senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner presentó un proyecto de declaración de repudio en el cual denuncia estas decisiones como un ataque a la soberanía, a la seguridad y a los derechos de los trabajadores argentinos.

 Kirchner: “El aumento de la desregulación impulsado por el Gobierno de Milei atenta contra la protección de la producción nacional y el trabajo argentino Kirchner: “El aumento de la desregulación impulsado por el Gobierno de Milei atenta contra la protección de la producción nacional y el trabajo argentino
Kirchner: “El aumento de la desregulación impulsado por el Gobierno de Milei atenta contra la protección de la producción nacional y el trabajo argentino”.

Al respecto, Kirchner resaltó que “el aumento de la desregulación impulsado por el Gobierno de Milei atenta contra la protección de la producción nacional y el trabajo argentino, promoviendo la apertura indiscriminada a buques y tripulaciones extranjeros, lo que significará una pérdida masiva de empleos en ese sector.”

Asimismo, alertó sobre los riesgos operativos y de seguridad que conllevan estas decisiones, argumentando que “eliminar figuras esenciales en los puertos y en zonas complejas como los baqueanos fluviales, y disminuir los parámetros de seguridad, pone en grave peligro a la navegación, poniendo en riesgo tanto a los trabajadores como a la población.”

Kirchner también criticó el impacto en los derechos laborales y la soberanía nacional: “Estas medidas no solo afectan la estabilidad laboral de nuestros trabajadores, sino que también generan una pérdida de control sobre nuestras cadenas de suministro y recursos estratégicos, en un contexto donde la protección de la industria naval resulta imprescindible para nuestro desarrollo soberano.”

Para concluir, la Senadora expresó su preocupación frente a la intención del Gobierno de contradecir las tendencias internacionales, que fomentan la protección y fortalecimiento de las flotas nacionales, y reafirmó su compromiso de defender los intereses nacionales y laborales ante estas políticas que, a su juicio, “menosprecian nuestro potencial y nuestra soberanía”.

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