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Los gremios de la docencia universitaria concluyen este miércoles una huelga nacional de siete días que paralizó las actividades en las universidades públicas de toda la Argentina.
La medida de fuerza, impulsada por CONADU Histórica -con acompañamiento de ADIUNPA en Santa Cruz- , refleja el profundo malestar del sector ante el deterioro salarial y el ajuste presupuestario que atraviesa el sistema público de educación superior, un conflicto que acumula decenas de jornadas de protesta en el año y que ahora se cruza de lleno con un frente judicial abierto.
Incumplimiento
El núcleo de la confrontación es por el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Las federaciones gremiales denuncian que la administración central elude sistemáticamente las mandas judiciales que ordenan actualizar los haberes por encima de la inflación y restituir los fondos destinados al funcionamiento operativo y a las becas estudiantiles.
A esta morosidad se le suma la brecha insalvable por el Presupuesto: mientras el Gobierno proyecta una asignación de 7,3 billones de pesos, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama mayor presupuesto para garantizar las actividades.
En medio de este escenario de tensión, el conflicto sumó un fuerte respaldo institucional cuando el Papa León XIV -en su reciente visita a Argentina- reclamó de manera directa “robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”, sintonizando con los reclamos históricos de los rectores y la comunidad académica en defensa del sistema público.
Santa Cruz
La huelga nacional se sientió en Santa Cruz con la adhesión formal de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA). Desde el gremio local respaldaron el plan de lucha de CONADU Histórica, advirtiendo que las unidades académicas de la UNPA resienten sus actividades cotidianas ante el ahogo financiero y el desfasaje salarial. Los docentes patagónicos alertaron que la falta de actualización de las partidas pone en riesgo la continuidad de la investigación y la extensión universitaria, por lo que ratificaron su estado de alerta a la espera de nuevas definiciones gremiales de cara al inminente debate parlamentario del Presupuesto en el Congreso de la Nación.
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