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El Gobierno de Javier Milei autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a iniciar el proceso de “enajenación” de 309 propiedades públicas. Entre los activos a la venta o transferencia se encuentra el acceso al Complejo Ferroportuario Punta Loyola, que abarca una extensión aproximada de 150.000 metros cuadrados.

Rápidamente surgieron repercusiones por esta medida. A través de sus redes sociales, la senadora nacional y exgobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó: “Mucha preocupación por la destrucción del Estado y la venta del patrimonio de todos los argentinos”.

Desde su cuenta en X (exTwitter), la legisladora lamentó: “El Gobierno de Milei anunció miles de despidos y la venta de 300 propiedades, entre ellas un estratégico predio ferroportuario en Punta Loyola”. Para finalizar su publicación, reafirmó su crítica a la gestión del jefe de Estado: “Sus libertades empobrecen”.

Milei habilitó la venta de una propiedad del Complejo Ferroportuario Punta Loyola en Santa Cruz

El Gobierno publicó el Decreto 950/2024, que permite a la AABE comenzar el proceso de “enajenación” de más de 300 propiedades públicas, consideradas “innecesarias” para la gestión del Estado Nacional. El propósito es reducir costos operativos y destinar los recursos obtenidos a enfrentar la crisis económica actual.

De acuerdo con la legislación argentina, la enajenación de bienes, también conocida como transferencia de propiedad, es el acto jurídico mediante el cual una persona transfiere la titularidad de un bien mueble o inmueble a otra, y puede realizarse mediante venta, donación, permuta o adjudicación.

La AABE gestionará la venta de terrenos, antiguas instalaciones ferroviarias y exbases militares en varias provincias, exceptuando aquellas propiedades estratégicas y de seguridad. Entre los activos a la venta figura el acceso al Complejo Ferroportuario Punta Loyola en Santa Cruz, de aproximadamente 150.000 metros cuadrados.

Según el decreto, mantener estos inmuebles sin un destino específico no solo implica “un gasto innecesario, sino que desvía recursos de áreas prioritarias para el Estado“. Por ello, el Gobierno sostiene que esta medida mejorará la eficiencia en la administración pública.

El decreto excluye propiedades de carácter estratégico y las involucradas en temas de seguridad, como instalaciones militares en provincias como Córdoba, Corrientes y Mendoza. Además, la AABE tendrá a su cargo los estudios técnicos y regularizaciones necesarios para ejecutar el proceso de enajenación de manera ágil.

Esta decisión es parte de un plan más amplio del Gobierno para enfrentar el déficit económico mediante “la reducción de gastos y la optimización de bienes ociosos”.

EN ESTA NOTA Javier Milei punta loyola

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