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El gobierno nacional, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), puso en marcha este martes una reforma integral del régimen de percepción del impuesto indirecto que grava a las plataformas de apuestas online. La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 5791/2025, que introduce cambios en los requisitos operativos, los plazos administrativos y la identificación de empresas alcanzadas por el tributo.

Según la normativa, el objetivo es ordenar y unificar los procedimientos de registro y control aplicados tanto a operadores nacionales como extranjeros, ajustando el sistema a lo dispuesto por la Ley Nº 27.346 y sus normas complementarias.

Entre las modificaciones centrales, se establece que la alícuota asignada a cada operador comenzará a regir desde el primer día de la quincena posterior a la emisión del certificado correspondiente. Este esquema busca otorgar un plazo técnico para que las plataformas y los intermediarios adapten sus sistemas antes de que entre en vigencia la percepción tributaria.

La resolución incorpora también, por primera vez, un plazo obligatorio de 60 días corridos para que ARCA resuelva las solicitudes de inscripción en el Registro de Control Online del Sistema de Apuestas. El límite comenzará a contarse tras la validación del ente regulador de la jurisdicción que otorgó la habilitación, o desde la presentación del trámite si esta fuera posterior.

Otro punto clave es la obligación de mantener actualizado el listado de plataformas extranjeras alcanzadas por el régimen. La nómina estará disponible en el micrositio oficial “Juegos de azar y apuestas” y será revisada de forma periódica, permitiendo a usuarios, intermediarios y autoridades fiscales identificar claramente qué sitios radicados fuera del país están sujetos al gravamen.

En cuanto a los antecedentes penales, se redefine el criterio de evaluación: solo serán consideradas relevantes las condenas firmes y no cumplidas, evitando rechazos preventivos basados en causas en trámite o sin sentencia definitiva.

Además, ARCA llevará adelante controles anuales para verificar que los operadores mantengan las condiciones que les permiten conservar su inscripción y, en su caso, acceder a alícuotas reducidas. Si se detectan variaciones en la situación declarada, estas serán incorporadas en la nómina pública luego de la notificación formal al contribuyente.

Por último, el organismo aclaró que las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigencia de la resolución deberán ser resueltas dentro del mismo plazo de 60 días corridos, y durante ese período seguirán aplicándose las alícuotas previstas por la normativa anterior hasta que se otorgue la nueva certificación.

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