Luego de que el presidente Javier Milei anunciara la baja de 70 mil contratos de empleados públicos -en el marco del Foro Económico Internacional de las Américas– el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó “paro y movilización”.
Así lo difundió el gremialista a través de un posteo en X (exTwitter): “Mire Presidente, no va poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento”, apuntó Aguiar.
Sostuvo que “la Argentina vive una etapa de transición. Los trabajadores estamos obligados a repensar algunas de las consignas que abrazamos en la década del ’90 frente a un proceso político similar. El hecho de que alguien como Paolo Rocca tenga más funcionarios en el Gobierno que su fuerza política (LLA) que ganó las elecciones, nos muestra que estamos llamados a reflexionar”.
El titular de ATE agregó que “en los 90′ Supimos abrazar la consigna: “Fortalecer el Estado para liberar la Nación”, y resulta que la fortaleza o debilidad del Estado depende de quien lo mire. En este momento, si lo mira la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Estado se está fortaleciendo. Sin embargo, si lo miramos nosotros se está debilitando”.
En ese tenor, expresó: “Cuando decimos que sus políticas intentan destruir el Estado, en realidad lo que esta pasando es que se está destruyendo el Estado de la gente y se está construyendo el Estado de los grandes grupos empresarios. Ha llegado el momento de abrazar nuevas consignas, tal vez la de : “Democratizar el Estado para construir la Nación”.
Por tal razón, Aguiar remarcó que “son tiempos de resistir pero también de tener proponer. Nos quieren acorralar para que defendamos puestos de empleo y no hablemos de que enfrentamos el ajuste salarial más grande de los últimos tiempos y con él, el deterioro grave de todas las condiciones de vida de los trabajadores y jubilados”.
En el cierre de su publicación, aseveró que “vamos a seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en la administración pública”.
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