Your browser doesn’t support HTML5 audio
El constitucionalista Eduardo Barcesat cuestionó el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sostuvo que la decisión del máximo tribunal se limitó a declarar la falta de legitimación activa del Centro de Veteranos de Malvinas, sin expedirse sobre la constitucionalidad del DNU 70/23.
En diálogo con Radio LU12 AM680, Barcesat planteó que el decreto presenta un problema de legalidad, al considerar que el Poder Ejecutivo Nacional habría ejercido facultades propias del Congreso. En ese sentido, citó el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional, que establece límites para el dictado de disposiciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo.
“Lo que ha declarado es la falta de legitimación activa de este Centro de Veteranos de Malvinas. Pero no se pronuncia y lo deja expresamente a salvo sobre el valor de constitucionalidad del DNU 70/23”, sostuvo.
El abogado cuestionó que la Corte no haya avanzado sobre ese punto y afirmó que, ante una norma que no cumple con los requisitos de legalidad, los tribunales deben analizar de oficio su constitucionalidad. Según su interpretación, el DNU habría excedido las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo.
Barcesat también puso el foco en la intervención del Congreso. Consideró que la Cámara de Diputados debería avanzar con la anulación del decreto, luego del rechazo que, según señaló, ya dispuso el Senado.
En ese marco, remarcó la diferencia jurídica entre derogar y anular una norma. “No porque lo diga yo, lo dice la Constitución”, sostuvo, y explicó que, desde su perspectiva, la derogación mantendría válidos los efectos producidos durante la vigencia de la norma, mientras que la nulidad implicaría considerar inválido el decreto desde su origen.
El constitucionalista advirtió además que la falta de una definición sobre el fondo del DNU podría derivar en nuevos litigios y situaciones jurídicas controvertidas. “Va a significar un sinfín de pleitos, derechos adquiridos, situaciones dudosas”, señaló durante la entrevista.
Finalmente, Barcesat insistió en que la Cámara de Diputados debe completar el tratamiento legislativo del decreto y sostuvo que el camino que corresponde, desde su interpretación jurídica, es avanzar con su nulidad y no con su derogación.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia

