Caletense, abogado, exfuncionario y candidato, el interventor de YCRT

Mientras se acumulan miles de toneladas de carbón en el puerto de Punta Loyola (Río Gallegos) y en el yacimiento de Río Turbio, el Gobierno nacional designó al frente de YCRT al abogado Pablo Gordillo, en reemplazo de Thierry Decoud, quien se fue en medio del escándalo por el supuesto pedido de coimas de dos brokers que mediaban en la venta de mineral a la empresa TEGI.

“Pavel“, como le dicen los conocidos, usa el apellido de su mamá, Arriagada. Es oriundo de Caleta Olivia, estudió la Licenciatura de Ciencias Políticas y hace menos tiempo se recibió de abogado. Está casado con la hija de un referente político de Puerto Deseado.

Gordillo nació del riñón político del histórico intendente de Caleta Olivia José Manuel Córdoba; fue su funcionario durante años en la intendencia. Luego, también fue designado subsecretario del Interior durante el gobierno de Daniel Peralta. Más tarde, ya durante el gobierno de Alicia Kirchner, asumió como vocal en el Instituto de Energía, entre otros cargos.

Incluso en 2019 fue candidato a intendente del partido SER de la ciudad de El Gorosito cuando este sector político integraba el entonces Frente de Todos, que llevó a la presidencia a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Tras la ruptura de Claudio Vidal con el kirchnerismo, “Pavel” se mantuvo con el hoy gobernador de la provincia. Según pudo saber La Opinión Austral, Gordillo Arriagada fue uno de los principales armadores políticos del petrolero en la zona norte de Santa Cruz, tanto en las elecciones de 2021 como en las de 2023.

En la actualidad era el gerente general de la Administración de Servicios Públicos, nombrado por el actual mandatario. Trascendió que a principios de la gestión no habría estado de acuerdo con la carta publicada por Vidal respecto a la ida de YPF, lo que le habría valido que lo “freezaran” un tiempo, hasta que fue “descongelado“.

La tarea que le espera en YCRT no será nada sencilla. Llega a una empresa con enorme acumulación de carbón, pero -hasta ahora- sin demasiados oferentes a la vista. El último salió despavorido después del escándalo de las supuestas coimas. Hay una preocupación extra: los trabajadores vienen advirtiendo que algo hay que hacer con el carbón, tanto de Loyola como de Río Turbio, porque temen que entre en autocombustión.

A esto se suma el proyecto que tiene el Gobierno nacional para YCRT. En la reglamentación de la Ley bases quedó establecida la forma en la que se privatizará Yacimiento Carbonífero Río Turbio. En el caso de la empresa de la Cuenca Carbonífera quedó estipulado que se habilitará el ingreso de capital privado, pero con mayoría del Estado.

Para concretar esto, según trascendió extraoficialmente, se buscaría pasar a retiro voluntario a otros 500 trabajadores de YCRT. Sería la tercera vez que se pondría en práctica esta medida desde el gobierno de Mauricio Macri en adelante. Mientras tanto, esta semana algunos ya advirtieron que si bien en el Presupuesto Nacional fue incorporada la partida para YCRT, no están previstos incrementos en partidas para inversión ni para aumentos salariales.

Sin embargo, Pablo Gordillo Arriagada ingresa a la empresa con la aprobación de los cuatro gremios (ATE, Luz y Fuerza, Personal Jerárquico y La Fraternidad) que integran la empresa. Lo primero que buscaban, como requisito sine qua non, para el próximo interventor es que como mínimo fuera santacruceño. El lunes, a última hora, el Gobierno provincial informó -mediante comunicado oficial- que Gordillo había sido “impuesto” por el gobernador Vidal al presidente Javier Milei.

Si todo sale bien para YCRT, la jugada política del Gobierno provincial recogerá ganancias entre los trabajadores y la comunidad de la Cuenca Carbonífera, pero si sale mal, también será parte de los saldos en contra. Una maniobra arriesgada en un momento en el que ya empieza a mirarse con más detalle la gestión.