Cristina Kirchner pidió la suspensión del decomiso de sus bienes

El Tribunal Oral Federal 2 le impuso a los nueve imputados en la causa Vialidad para que, en forma solidaria, paguen un total de u$s537 millones como parte de la condena por defraudación al Estado, plazo que se vence este miércoles 13 de agosto. Un día antes de ejecutarse el decomiso, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito en el que afirma que no tiene el dinero suficiente para hacer frente a los $684.000 millones y apeló el cálculo de la actualización del mismo por IPC.

Cristina Fernández de Kirchner apeló el cálculo de la actualización del mismo por IPC.

En una intimación firmada por el juez de ejecución Jorge Gorini, se le daba a los imputados diez días hábiles de tiempo para pagar o, de lo contrario, se le ejecutarán los bienes. Ese plazo, como anticipamos, vence este miércoles. Además de Cristina de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibáñez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich y Raúl Pavesi.

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron este martes una respuesta a la intimación por un lado y la apelación de la redeterminación de la cifra final realizada por el Tribunal. Además, reclamaron que el caso lo trate el fuero civil y comercial.

Cristina sostiene que no tiene bienes que sean “instrumentos, producto o provecho del delito”.

En uno de los escritos, según Ámbito Financiero, Cristina sostiene que no tiene bienes que sean “instrumentos, producto o provecho del delito” y que toda su evolución patrimonial y la de su familia fue declarada legítima en causas anteriores con sentencias firme. Por ese motivo, para la defensa, el decomiso de los bienes implicaría “violar la cosa juzgada y el principio de legalidad”.

Para Cristina, además, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no determinaron fehacientemente qué bienes de CFK habrían sido producto de la defraudación al Estado que ellos dieron por probada, por lo tanto, no podrían ejecutarle bienes obtenidos de manera lícita. En esa misma línea, afirma que podría afectarse con la medida a terceros. En concreto, a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, “legítimos propietarios por herencia” en forma previa a la condena.