Defensores públicos de Santa Cruz cuestionaron los proyectos de baja de la edad de imputabilidad

Los doctores Romina Saúl, defensora general ante el Tribunal Superior de Justicia, y Jorge Godoy, defensor público oficial de niños, niñas y adolescentes, analizaron en LU12 AM680 Radio Río Gallegos los proyectos de ley que se debatirán en el Congreso de la Nación para reformar la Ley Penal Juvenil. En ese marco, ambos manifestaron críticas a las iniciativas que proponen bajar la edad de imputabilidad y plantearon el interrogante sobre el modelo social que se busca construir. “¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿La que castigue a los chicos que están cometiendo este tipo de hechos o un tipo de Estado que tenga otro rol, que eduque, que prevenga, que contenga, que preserve?”, señalaron.

No es constitucional

En primer término, Saúl recordó que el debate no es nuevo y que cobró nuevamente visibilidad tras un hecho reciente. “En el 2024 habíamos empezado a hablar de esto y ahora, a raíz de un hecho que conmocionó conmociona la sociedad (el de Jeremías Monzón), que nos preocupa a todos, se volvió a poner en tema el tema de la baja de la imputabilidad“, expresó. Asimismo, indicó que el escenario legislativo se amplió considerablemente: “De aquel momento en que había tres, cuatro proyectos presentados, ahora cambió un poco el panorama porque tenemos entre 16 y 18 proyectos presentados, todos diferentes. El Poder Ejecutivo todavía no oficializó cuál es el proyecto que va a presentar, de hecho no tenemos la Comisión de Legislación Penal todavía formada porque cambiaron las composiciones de la cámara”.

En esa línea, detalló las distintas posturas que se discuten en el Parlamento. “El primer proyecto fue bajar a los 13 años y ahora sería a los 14; pero de estos 16 proyectos que estaban dando vueltas, se sumaron dos más y son todos diferentes. De esos 18, hay dos que proponen mantener la edad que tiene la Argentina hoy y que está de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que son los 16 años para que los chicos sean punibles”, sostuvo. Además, precisó: “Hay otros proyectos que proponen la baja a los 14, hay otro a los 13, hay otro a los 12, y con toda una serie de detalles que yendo a nuestra Constitución Nacional, ninguno de ellos se adecua a la Convención de los Derechos del Niño, que vale lo mismo que la Constitución Nacional, porque en el año 94′, cuando se reformó la Constitución, todas esas normativas que adhiere la República Argentina pasan a ser derecho y tienen el mismo rango, importancia que nuestra máxima norma nacional”.

De igual modo, remarcó que cualquier reforma debería respetar esos estándares internacionales. “Cualquier proyecto que pretenda modificar el régimen penal juvenil, la 22.278 del año 80′, tiene que ir de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, que es lo que no está pasando con los proyectos que están presentados y que, además, hay otras normas complementarias como el Comité de los Derechos del Niño, que es el que controla el cumplimiento de la Convención, que nos dice que a los chicos hay que alejarlo del sistema penal, porque no es que incorporándolos al sistema penal y la imputabilidad que van a ser resocializados y todo lo que supuestamente ellos dicen que van a hacer y que no hay cómo”.

Por otra parte, la funcionaria judicial advirtió sobre las limitaciones estructurales del sistema carcelario. “No están las estructuras dadas, ¿Saben cómo está el sistema penal en la Argentina? El sistema penal, las cárceles para adulto, no cumplen con lo que es la ley de ejecución penal; la ley que tenemos nosotros, que es la 24.660, todo lo contrario, están hacinados, el personal penitenciario hace lo que puede, me consta, para que más o menos se cumpla lo que dice la Ley de Ejecución Penal; tenemos unidades que sí, más o menos están adecuadas la Ley de Ejecución, después tenemos los presos en las comisarías“.

“Los proyectos no se adecuan a los Derechos del Niño”.

ROMINA SAÚL

En ese sentido, vinculó la discusión con la falta de presupuesto destinado a políticas de niñez. “No están dadas las condiciones, no estamos teniendo un presupuesto acorde para la niñez; imagínense si van a poner plata para lugares de detención de los chicos; es contradictorio“, afirmó Romina Saúl. A su vez, consideró que el abordaje debe centrarse en la prevención y el acompañamiento social. “La sociedad, a todos nosotros, no quiere ser víctima de un menor de edad, un chico de 14 años. El Estado se retira, tierra de nadie, entra el narco, capta a los chicos. ¿Quién hace el soporte ahí? Las organizaciones comunitarias, la iglesia; se pronunció en la episcopal argentina que pide que no se llegue a los chicos por las penas y el castigo, que se llegue a través de la prevención, que lleguemos antes para que no pase”.

En relación con el avance de organizaciones criminales, Saúl advirtió que las medidas punitivas no resolverían el problema de fondo. “Donde el Estado se retiró entró el narco y el narco o las organizaciones criminales, no le importa si pones la edad a los 14 años, van a ir por el de 13, al de 9, al de 8, a los chicos que están en la calle por diferentes situaciones, otras problemáticas más de fondo, porque también ahí tenemos que ver quiénes están haciendo esos proyectos, porque también tienen que darle participación a quienes están cara a cara con los chicos; hay gente que está sentada ahí redactando, pero nunca se encontró con la realidad de un chico que está en la calle“.

Asimismo, resaltó el rol del sistema educativo como herramienta preventiva. “¿Cómo prevenir? Vamos a las escuelas, explicamos, los docentes son importantísimos, reforzar la educación, reforzar el salario del docente, las instituciones educativas, la oferta educativa que les das a los chicos y la capacidad de oficio; bajaron 90% el presupuesto a las escuelas técnicas, eso es gravísimo, hay amparos presentados. Si no pones ahí, en la educación, en los docentes que son los primeros actores que detectan situaciones de violencia, porque esto viene mucho de que los chicos son víctimas de violencia y son los que después trasladan esa violencia, son los primeros que están inmersos en un ambiente violento“.

Finalmente, la defensora general remarcó que los delitos graves cometidos por menores representan un porcentaje reducido del total. “En Córdoba, Santa Fe, provincia Buenos Aires son los mayores casos, pero el número de los delitos cometidos por chicos son generalmente delitos contra la propiedad; estos casos graves son muy aislados, que eso también hay que verlo. Hacer una ley, que la tenemos que reformar porque es viejísima, pero por un caso aislado de un hecho grave, no hay que entender que por eso la adolescencia es peligrosa. Esa plata que ellos quieren destinar supuestamente a institutos de menores para que estén los chicos de 14 años presos, que la pongan en brindarles herramientas para que no lleguemos a tener casos“.

Decisiones políticas

Posteriormente, el Dr. Jorge Godoy coincidió en la necesidad de discutir políticas públicas integrales y puso en duda la efectividad de la baja de la edad de imputabilidad. “Hay que pensar si esto es una solución o es un simple placebo que solamente va a satisfacer el triste dolor de las víctimas de un delito concreto e individual. En realidad bajar la edad, es solamente un placebo que engaña a la comunidad. Me parece que está faltando una política real de Estado, porque estamos atacando síntomas sin hablar de prevención”, afirmó.

“Me parece que está faltando una política real de Estado”.

JORGE GODOY

Para graficar su postura, utilizó una analogía sanitaria. “Quiero hacer una analogía, esto es como el sarampión. Estamos sufriendo por el sarampión, como abordarlo, pero no hablamos de la vacunación. Si nosotros hablamos de los niños que cometen delitos ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó con el sistema de protección? ¿Qué pasó con el organismo de infancia de la localidad que se trate? ¿Ese chico iba a la escuela? ¿Por qué estaba en la calle? Hay varios interrogantes anteriores que hay que resolver. Y los fondos y los recursos nunca fueron destinados realmente a los organismos de infancia nacional, provinciales y municipales. Estamos en una situación de déficit en lo que hace la respuesta de los sistemas de protección, no porque no quieren hacerlo, sino porque no tienen los recursos suficientes para hacerlo“.

En ese marco, señaló que los casos delictivos suelen estar precedidos por vulneraciones de derechos. “Si vos te agarras un caso concreto de un niño X que cometió un delito y vos estudias la historia de este chico, vas a saber o te vas a dar cuenta que ese chico estuvo totalmente fuera del sistema, no iba a la escuela, no podía acceder a los sistemas de salud y distintos derechos que le correspondían. ¿Y quién se dio cuenta de esto? ¿Quién abordó el caso? ¿Quién intervino en esa familia? ¿Quién de ser necesario lo retiró de esa familia para darle alguna otra tipo de oportunidad?”, planteó.

Además, remarcó la presencia de niños en situación de calle y cuestionó la falta de intervención temprana del Estado. “Es muy sencillo hablar de subir la edad, de encerrarlos a los chicos, cuando en realidad vos te das una vuelta por Retiro, Constitución y tenés los chicos en la calle, durmiendo en la calle. Después todos estamos sufriendo si ese chico, en medio de un delito, terminó matando una persona, pero ¿Y por qué no lo fuiste a buscar antes? ¿Por qué el organismo de infancia nacional o en todo caso la ciudad de Buenos Aires no lo fue a buscar antes?”, expresó.

Finalmente, Godoy sostuvo que la discusión remite a decisiones políticas y a la organización de los sistemas de protección. “Es una decisión política, si hablamos de políticas de estado, es una decisión política no darle los recursos a los organismos de infancia. Es una decisión política desconectar el sistema de protección nacional en general de las provincias. Si yo me concentro solamente en lo punitivo, creo que voy a resolver el problema desde la sanción a X menor, que son muy pocos, vamos a tener uno esperando para cometer otro delito mañana y la preocupación debería ser, abordémoslo hoy. ¿Qué pasa con los de protección? ¿Por qué yo en la provincia de Santa Cruz tengo un solo instituto de encierro de niños en la ciudad de Río Gallegos? ¿Por qué si un niño que comete un delito en Caleta Olivia o en Pico Truncado supuestamente yo lo tengo que trasladar para un tratamiento hasta Río Gallegos?”.

En esa línea, concluyó remarcando la necesidad de fortalecer los abordajes integrales en todo el país. “Hablamos siempre de un tratamiento, de un abordaje, de unas terapias, de un acompañamiento, de la escolarización de ese chico. Digo el caso de Gallegos, pero no podrá puntualizar en nuestra provincia, esto pasa en todo el país”.