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La diputada nacional Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para repudiar la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina por parte de la firma británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. La iniciativa incluye críticas al Poder Ejecutivo encabezado por Javier Milei por la falta de medidas diplomáticas contundentes frente al desarrollo del yacimiento.
Inversión millonaria y violaciones internacionales
Advirtió que las compañías avanzan en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas con el desarrollo del proyecto Sea Lion, una iniciativa que contempla desembolsos de entre 1.800 y 3.900 millones de dólares. La meta operativa trazada por las empresas apunta a alcanzar una producción estimada en 55.000 barriles diarios para el año 2028.
Propato remarcó que las firmas operan sin la autorización formal del Estado argentino. En los fundamentos del documento legislativo, sostuvo: “El proyecto busca rechazar la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas por parte de las empresas Rockhopper Exploration del Reino Unido y Navitas Petroleum de Israel. Por constituir sus acciones ilegales y violaciones a las Resoluciones 2065 y 31-49 de Naciones Unidas”.
Reclamos a la Cancillería y aplicación de leyes nacionales
La iniciativa exige al Gobierno nacional la adopción de sanciones operativas y legales contra cualquier persona física o jurídica que colabore con estas tareas en el Atlántico Sur. Asimismo, se insta a la Cancillería argentina a convocar formalmente a las representaciones diplomáticas de Israel y del Reino Unido en Buenos Aires.
Sobre la actuación de la Cancillería, Propato cuestionó la efectividad de las medidas adoptadas hasta el momento: “Ante esto, si bien la Cancillería Argentina expresó su rechazo, hasta la fecha no se han formalizado reclamos concretos ante las representaciones diplomáticas del Reino Unido e Israel en Argentina”.
Estrategia diplomática
El texto argumenta que la defensa de la plataforma continental exige la aplicación irrestricta de las normas argentinas que regulan la actividad hidrocarburífera. La diputada planteó que las posturas discursivas deben ir acompañadas por acciones administrativas e internacionales.
“El reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur debe ser firme y coherente. Porque mientras el Presidente de la Nación reafirma nuestro reclamo de soberanía, la estrategia diplomática actual resulta repudiable”, afirmó la legisladora en el cuerpo de la presentación.
Por último, el proyecto recuerda el mandato previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que fija como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
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