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Las universidades públicas argentinas atraviesan un escenario de conflicto abierto que combina paros nacionales, una disputa judicial de fondo y un reclamo presupuestario que mantiene en ciclo lectico actual con un duro conflicto.
El reclamo es por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Recientemente, la Cámara III en lo Contencioso Administrativo Federal dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno Nacional su cumplimiento “urgente y efectivo”.
Este fallo judicial obliga al Ejecutivo a pagar la deuda salarial acumulada con docentes y nodocentes, convocar de forma inmediata a paritarias para actualizar los haberes y actualizar los montos de las becas estudiantiles.
Desde el sector gremial denuncian que el Gobierno incurre en una ilegalidad al desoír tanto la ley aprobada por el Congreso de la Nación como las resoluciones de la Justicia.
Más medidas
La federación sindical CONADU Histórica -a la que adhiere la Asociación de Docentes de la UNPA- sesionó con la presencia de 97 congresales de 26 asociaciones de base. En el encuentro se ratificó la profundización del plan de lucha docente en defensa de la universidad pública y los salarios del sector.
La federación anunció dos medidas de fuerza de alcance nacional. El “primer paro semanal se realizará del 13 al 18 de abril, mientras que el segundo tendrá lugar del 27 de abril al 2 de mayo”.
El escenario gremial se ve fortalecido por una reciente victoria jurídica. La Cámara III en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar que ordena al Gobierno Nacional el cumplimiento urgente de la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo judicial obliga al Ejecutivo a cancelar la deuda con trabajadores docentes y nodocentes. También exige la convocatoria inmediata a paritarias y la actualización de las becas estudiantiles.
Desde el gremio destacaron que esta resolución judicial expone la ilegalidad del accionar oficial. Según el Congreso de la federación, el Gobierno incumple tanto la voluntad legislativa como las órdenes del Poder Judicial.
Además del cese de actividades, se realizarán clases públicas, abrazos a las instituciones y volanteadas en todo el país. Estas acciones buscan visibilizar el conflicto y sostener las demandas en la agenda pública.
Como punto central de la movilización, se impulsará la convocatoria a una Marcha Federal Universitaria durante el mes de abril. Se buscará la unidad con todos los claustros y la comunidad educativa para masificar el reclamo.
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