El boom minero llegó: ahora vienen el empleo, los gobernadores y la batalla judicial

Por Sabrina Pont

La provincia de San Juan es, esta semana, el epicentro de la minería en la República Argentina. La 11° edición de la Expo San Juan Minera, organizada por Panorama Minero, con 18.000 metros cuadrados de exposición, más de 500 empresas, 15.000 asistentes acreditados y participación confirmada de delegaciones de más de 20 países, coincide con el Día de la Minería y con la Mesa Federal Minera del jueves, donde más de diez gobernadores se reunirán con Karina Milei y con el ministro del Interior, Diego Santilli, para trabajar la agenda que viene.

El contexto no podría ser más favorable para el sector: proyectos presentados para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por USD 42.000 millones, reforma de glaciares sancionada, inversores internacionales comprometidos. Pero en la previa de la feria y en las conversaciones con referentes del sector, debajo del entusiasmo, emerge una tensión que excede a un proyecto o a una provincia en particular: la brecha entre el volumen de inversiones anunciadas y la incertidumbre sobre su traducción concreta en empleo, proveedores locales y desarrollo territorial en plazos razonables.

En ese contexto, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, agregó: “De los RIGIs presentados, ya están aprobados proyectos por USD 9.000 millones y lo que resta seguramente se aprobará dentro de los próximos 60 días. Pero esto para la gente es muy difícil de mirar y de cuantificar”. Y en ese punto es donde buscó hacer hincapié Cacciola, enmarcando la agenda que se vienen esta semana en San Juan: “El foco lo tenemos que poner en la gente, ese es el trabajo que viene ahora, teniendo en cuenta también el proceso de judicialización de la reforma de la ley de glaciares“, dijo y reforzó: “Vicuña, el proyecto de cobre de BHP y Lundin en San Juan, anunció que en 2026 va a invertir 800 millones de dólares, y seguramente el desglose de eso va a estar vinculado con capacitación de recursos humanos, con obras de infraestructura de determinada cuantía, desarrollo de proveedores, la integración, que para nosotros es fundamental“, remarcó el presidente de la CAEM.

RIGI, glaciares y judicialización

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue directo al sintetizar la estrategia del Gobierno nacional: “Volvimos a ser un país invertible y la prueba está en las compañías extranjeras que ya han hecho inversiones importantes”. Lo dijo en el marco de la firma de un acuerdo de cooperación bilateral en minerales críticos entre la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina) y la US Chamber of Commerce.

Para sumar a ese argumento, sostuvo que el RIGI “es claramente una historia de éxito“, donde “más de la mitad de los proyectos son de minería: acabamos de aprobar el proyecto número 14, tenemos 36 proyectos en el régimen y nosotros ya conocemos de otros 10 que van a estar entrando en los próximos meses“, manifestó.

Al RIGI, González le sumó la modificación de la ley de glaciares, que consideró “una papa caliente“, ya que, a su entender, “pocas personas, como el presidente (Javier) Milei, se hubieran animado a tomar el toro por las astas y decir: ‘Esto es lo que la industria minera siente que necesita‘ para devolverle a Argentina la seguridad jurídica para poder desarrollar la minería en cobre como debe ser“, puntualizó.

El RIGI, la reforma laboral, la Ley de Glaciares: ninguna de esas iniciativas habría prosperado con una administración que calibrara cada paso según el impacto en las encuestas. Pero el escenario cambió, a poco más de un año de las elecciones de 2027.

La ofensiva judicial contra la reforma de glaciares ya tiene casos concretos: en Santa Cruz, el juez federal Claudio Vázquez dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la reforma en la provincia, a partir de un amparo ambiental presentado por el intendente de El Calafate, Javier Belloni, de Unión por la Patria. La respuesta del Gobierno de Claudio Vidal fue inmediata: el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, salió a respaldar la reforma y a reivindicar la trayectoria productiva de Santa Cruz como argumento central.

En esa línea, por ahora, se diseña la estrategia que el Gobierno nacional y sus aliados provinciales tienen disponible frente a la judicialización: la celeridad en la respuesta política, antes de que los tribunales definan el fondo. Esa velocidad de respuesta puede ser tan determinante para el futuro de los proyectos como cualquier aprobación de RIGI. Y la razón es simple: los proyectos que hoy tienen RIGI aprobado y financiamiento estructurado necesitan estabilidad institucional durante los próximos cinco a diez años.

Gobernadores: qué hay para ellos

En ese marco, la Mesa Federal Minera del próximo jueves en San Juan no es sólo un acto institucional. Es la instancia en la que los gobernadores pondrán sobre la mesa la pregunta que en el sector circula con esa misma precisión: qué hay para mí. En rigor, el encuentro apuntará precisamente a trabajar los acuerdos que faltan entre la Nación y los gobiernos provinciales, en un contexto en que la arquitectura del RIGI concentra los beneficios fiscales en el inversor y la carga de la gestión territorial en las provincias.

La pregunta por el empleo territorial apunta a encontrar una respuesta legislativa en San Juan. El Gobierno de Marcelo Orrego impulsa la Ley de Desarrollo Local Minero y busca acordar con la oposición para poner como meta que el 80% del personal de las operaciones mineras sea sanjuanino y que al menos el 60% del gasto en bienes y servicios se canalice hacia empresas locales.

Los números actuales de las operaciones en marcha muestran que el objetivo es alcanzable, aunque no automático. Según afirman desde Veladero, de Barrick y Shandong Gold, de cada diez trabajadores, nueve son sanjuaninos y, además, la empresa creó un departamento específico de desarrollo de proveedores locales hace dos años. En Gualcamayo, el informe de sostenibilidad 2025 de Minas Argentinas consignó un 97% de trabajadores sanjuaninos. Pero esas son operaciones maduras con años de tejido local.

Es exactamente ese tipo de evidencia la que los grandes proyectos de cobre con su adhesión al RIGI aprobada, como Los Azules de McEwen Copper, o en proceso, como Vicuña o Pachón y Mara, ambos de Glencore, todavía no pueden mostrar. Están en etapas anteriores y la discusión es si el RIGI y las respuestas a la judicialización de la reforma de glaciares llegarán a tiempo para capturar su etapa de construcción, que es donde se concentra la mayor generación de empleo.