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El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, salió con dureza a cuestionar a las organizaciones sociales que impulsaron un reclamo judicial para que el Estado entregue alimentos a 30 comedores comunitarios. La cartera acusó a estos sectores de “lucrar con la intermediación de la pobreza”, luego de que la Justicia habilitara la feria judicial para tratar el pedido.
La medida judicial fue dispuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, que dio lugar a una cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El objetivo es evitar que el receso judicial frene el avance del expediente que busca incorporar nuevos comedores a la política alimentaria estatal.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio informó que presentó un escrito ante la Justicia donde cuestionó el accionar de las organizaciones demandantes. Según la cartera, los discursos de “urgencia” y “emergencia alimentaria” son utilizados “con fines políticos y mediáticos”.
“El martes 6 de enero estas organizaciones solicitaron habilitar la feria judicial bajo el argumento de riesgos graves e inminentes para sectores vulnerables, de los cuales se arrogan ser representantes”, señaló el comunicado.
En ese marco, el Ministerio detalló que el 5 de enero convocó a representantes de la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”, nucleada en la UTEP, para firmar convenios de renovación que permiten garantizar la continuidad de la asistencia alimentaria.
Sin embargo, según Capital Humano, la organización rechazó la convocatoria alegando que sus autoridades se encontraban de vacaciones. “Esta actitud dilatoria contrasta con el relato de urgencia y crisis alimentaria instalado en los medios y ante la Justicia”, sostuvo la cartera.
“Inadmisible” y “estrategia política”
El Ministerio calificó de “inadmisible” que, mientras se acusa al Estado de demorar trámites, las propias organizaciones no prioricen la firma de convenios necesarios para acceder a los recursos públicos.
Además, aseguró que detrás de los reclamos existe “una estrategia destinada a generar conflicto, desprestigiar institucionalmente al Ministerio y personalmente a la ministra Sandra Pettovello”.
“Frente a la acción responsable del Estado, algunos actores —expertos en lucrar con la intermediación de la pobreza— prefieren la confrontación política antes que resolver las necesidades urgentes de la gente”, enfatizó el comunicado.
Por último, Capital Humano reafirmó su compromiso con la asistencia alimentaria directa y aseguró que su política social contribuyó a una “drástica reducción de la pobreza”.
La habilitación de la feria judicial
La decisión judicial de habilitar la feria responde al pedido del CELS y la UTEP, que advirtieron que la paralización de los plazos procesales impedía avanzar con intimaciones para incorporar 30 comedores comunitarios al sistema de asistencia estatal.
Las organizaciones alertaron que la demora agravaba la situación de familias en extrema vulnerabilidad que dependen de estos espacios para acceder a alimentos básicos.
Antes del fallo, el CELS reclamó públicamente mantener la actividad judicial: “El hambre no espera. Aplazar la resolución agrava la situación de las familias, en su mayoría con niños y niñas de barrios populares”, señalaron. También recordaron que, gracias a cautelares previas, ya son 72 los comedores que volvieron a recibir alimentos.
El pedido fue respaldado por el Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor de la habilitación. El fiscal subrayó que está en juego el derecho humano a una alimentación adecuada, de cumplimiento inmediato, y remarcó la extrema vulnerabilidad socioeconómica del colectivo afectado.
Con estos fundamentos, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial “al único efecto” de tratar el reclamo y permitir el avance del expediente. Además, ordenó correr traslado al Ministerio de Capital Humano para que las organizaciones respondan a su presentación antes de definir los próximos pasos procesales.
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