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El Gobierno nacional derogó este lunes al menos 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de “disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio”.

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, dispuso a través de la Resolución 51/2024, publicada en el Boletín Oficial de este lunes la derogación de 69 normas que, según argumentan, “obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado”.

En este sentido, trabajaron sobre las normas de cada área a su cargo con el objetivo de “desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios“.

Normas derogadas

Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el SiFIRE, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

“Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior”, señalaron desde el Gobierno.

También se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Se suprimieron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también toda norma complementaria del programa Precios Justos ya que “estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país”, apuntaron.

Productos regionales

Por otra parte, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando a que ese tipo de políticas debe sea impulsada por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional y ayudando, de este modo, a promover el federalismo real.

Asimismo, dentro de las políticas de simplificación impulsadas desde la Secretaría de Comercio, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada, la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores que, indican “violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores”.

 

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