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El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que el Ejecutivo incorporará un proyecto de imprescriptibilidad para los delitos sexuales dentro de la futura reforma integral del Código Penal. El anuncio se produjo horas después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara el sobreseimiento de Justo José Ilarraz, un ex sacerdote condenado en 2018 a 25 años de prisión por múltiples casos de abuso sexual agravado contra menores en Paraná.
“El Estado no puede permitir que este tipo de crímenes queden impunes por el paso del tiempo”, señaló Cúneo Libarona a través de su cuenta en la red X. “Los delitos sexuales no deberían prescribir”, expresó, y confirmó que el Gobierno presentará la iniciativa como parte del paquete de reformas que se enviará próximamente al Congreso Nacional.
La declaración generó fuerte repercusión en redes sociales y entre colectivos de víctimas, luego de que el máximo tribunal ratificara el cierre del caso Ilarraz. El fallo se basó en el artículo 62 del Código Penal, vigente al momento de los hechos (1985-1993), que establece un plazo de 12 años para la persecución penal. Como las denuncias recién fueron formalizadas en 2012, la Corte consideró extinguida la acción penal.
El caso Ilarraz causó conmoción pública. Como Prefecto de Disciplina del Seminario Arquidiocesano “Nuestra Señora del Cenáculo” en la ciudad de Paraná, el sacerdote cometió abusos sexuales sistemáticos contra al menos siete menores, de entre 12 y 15 años. En una carta enviada al Vaticano en 1997, el propio Ilarraz admitió haber mantenido “relaciones amorosas y abusivas” con seminaristas.
Durante el proceso judicial, que culminó en una condena firme en 2018, se presentaron múltiples pruebas y testimonios de las víctimas que detallaron el accionar del acusado. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema anuló la condena por prescripción, generando un fuerte debate jurídico y político.
Desde el Ministerio de Justicia consideran que una reforma sobre este punto es “imprescindible” para garantizar que los delitos contra la integridad sexual, en particular cuando involucran a niños, niñas y adolescentes, no queden impunes por el paso del tiempo o por la demora en las denuncias.
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