El juicio por el hundimiento del ARA San Juan suma dudas: informes incompletos y presión interna bajo la lupa

En una sala cargada de expectativa y con la atención puesta en cada palabra, el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos volvió a ser escenario de una jornada intensa en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan. La decimoctava audiencia no solo sumó nuevos testimonios, sino que dejó al descubierto interrogantes inquietantes sobre el funcionamiento interno de la Armada, la cadena de mando y las decisiones adoptadas en las horas previas y posteriores a la tragedia.

Con los jueces Mario Reynaldi, Luis Giménez y Enrique Baronetto al frente del debate, el proceso avanza con cuatro ex altos mandos de la Armada en el banquillo: Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa, acusados de incumplimiento de deberes, omisión y estrago culposo. En esta oportunidad, la sala tuvo una postal particular: por primera vez coincidieron de manera presencial las abogadas querellantes por la mayoría, Valeria Carreras y Lorena Arias, mientras que el querellante por la minoría, Luis Tagliapietra, siguió la audiencia de manera remota.

El primer testimonio de la jornada estuvo a cargo del comandante retirado Rafael Pietro, quien supo estar al frente de la flota de superficie. Su declaración aportó elementos que tensionaron aún más el debate. Al referirse a las sanciones aplicadas a algunos de los imputados, sostuvo que, tras la suspensión de López Mazzeo y Villamide, decidió pedir el retiro, al considerar que “con dos papeles no se le puede imputar un delito a esos jefes”.

Sin embargo, su exposición también dejó al descubierto inconsistencias difíciles de pasar por alto. Ante la lectura de mensajes oficiales por parte de la fiscalía, Pietro confirmó que el 15 de noviembre de 2017, a las 6 y a las 6:30 de la mañana, el ARA San Juan figuraba como activo en operaciones, incluso después de haberse informado un incendio en el sector de baterías. La situación se repitió en el parte del día siguiente, donde el submarino continuaba siendo considerado operativo.

La pregunta inevitable surgió en la sala: ¿qué ocurrió en los días posteriores? indicaron desde la Fiscalía, los informes diarios, según se detalló, presentan un salto significativo hasta el 25 de noviembre. Consultado al respecto, Pietro no dudó en reconocer: “no tenía explicación”. Una respuesta que, lejos de cerrar el tema, abrió nuevas dudas sobre la trazabilidad de la información en un momento crítico.

La jornada avanzó luego hacia un terreno más estructural, con la declaración de Horacio Calafel y Nicolás Salinas, jefe y subjefe del área de Recursos Humanos de la Armada. Sus intervenciones permitieron reconstruir cómo funciona la cadena de mando y el sistema de evaluación del personal dentro de la fuerza.

A partir de preguntas de la querella, se abordó un punto sensible: la posibilidad de que un subordinado se niegue a firmar un documento o a cumplir una orden. Calafel fue claro al afirmar que “sí se puede abstener de firmar”. Sin embargo, el contrapunto llegó al analizar las consecuencias de ese tipo de decisiones en la carrera profesional.

Al ser consultado sobre si una negativa a zarpar o a cumplir una orden podría quedar registrada en el legajo personal y afectar un eventual ascenso, Salinas respondió sin rodeos: “sí”. La afirmación dejó flotando en el ambiente una idea que sobrevuela toda la causa: la existencia de una presión implícita dentro de la estructura jerárquica, donde la obediencia no solo es una regla, sino también una condición para progresar.