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Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió este miércoles dictamen de mayoría para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La resolución incluyó una modificación acordada entre La Libertad Avanza y bloques aliados: la reincorporación de dos artículos impulsados por el diputado Diógenes González (UCR) que derogan el artículo 154 del DNU 70/2023 y restituyen la plena vigencia de la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales.
La movida legislativa se alinea con la reciente medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que repuso los límites a la venta de tierras a extranjeros. Con este cambio, el oficialismo ofreció una salida a los sectores dialoguistas que rechazaban la venta irrestricta de inmuebles rurales a firmas internacionales pero evitaban votar en contra del DNU en el recinto. Como el texto sufrió modificaciones respecto del original, la iniciativa deberá volver al Senado para su sanción definitiva.
El dictamen busca desactivar la sesión especial convocada por la oposición para este jueves a las 14:00, cuyo temario contemplaba derogar el DNU 70/2023. Al destrabar la discusión de la Ley de Tierras mediante un proyecto ordinario, el bloque libertario ofreció un argumento para que los diputados ligados a Provincias Unidas y a la UCR no den quórum, frenando la embestida opositora.
Con el quórum en duda, la conducción del bloque oficialista fijó el tratamiento del proyecto para la sesión del próximo 21 de octubre. En esa misma jornada, el oficialismo prevé discutir la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la Emergencia Nacional en Discapacidad y herramientas de desendeudamiento familiar en un temario consensuado con las bancadas aliadas.
Durante el plenario de comisiones, la bancada de Unión por la Patria cuestionó el giro del Ejecutivo. El exministro Diego Giuliano ironizó al señalar que “vuelve la ley del peronismo”, mientras que la diputada Paula Penacca calificó la maniobra como un “manotazo de ahogado” para evitar una derrota legislativa mayor.
Además de reponer el tope del 15% a la titularidad de tierras por parte de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ajusta los criterios de indemnización por expropiaciones estatales, habilita un trámite sumarísimo de 72 horas para la restitución de inmuebles usurpados y fija una intimación de 10 días por morosidad antes de iniciar juicios de desalojo. (Fuente: BAE Negocios).
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