El oficialismo quiere sesionar este martes y la Patagonia está en alerta

No sin mucho trabajo, el Gobierno de Javier Milei logró sacar despacho, la semana pasada, para llevar al recinto de la Cámara de Diputados la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, mejor conocida por todos como Ley ómnibus.

La adhesión a aquel dictamen fue parcial. De los 55 diputados que lo firmaron, 34 lo hicieron en disidencia. Sin embargo, la polémica no cesaría ahí. Horas después, el texto final que se oficializó como dictamen era muy distinto al que trascendió en la mañana. Muchos de los artículos que habían sido cambiados o directamente quitados volvieron a aparecer tal como estaban en el texto final enviado por el Poder Ejecutivo antes del dictamen. Y lo que fue también punto de objeción, las disidencias de la oposición dialoguista, no se adjuntó al mismo.

De esta forma, no pasó mucho tiempo antes de que la protesta y rechazo de los “aliados“ se hiciera sentir, advirtiendo que podría naufragar el tratamiento si no se respetaban los acuerdos. Una desacertada respuesta de parte del ministro Luis Caputo, en consonancia con lo que fue luego un trascendido de los dichos del propio presidente Javier Milei de una suerte de “castigo” a las provincias cuyos legisladores no acompañaran la sanción, no hizo más que enrarecer, aún más, un panorama de por sí complicado.

Cabe remarcar que entre los puntos “retirados” por el propio oficialismo se encuentran los artículos sobre la actualización jubilatoria, las retenciones agropecuarias e industriales, el blanqueo, la moratoria y el adelanto de Bienes Personales, entre otros.

Anuncio sorpresivo

Pero más sorpresivo fue que, 24 horas después de aquellas expresiones, fuera el propio ministro de Economía quien encabezara una conferencia de prensa, el viernes, para anunciar que se retiraba todo el capítulo fiscal del dictamen “para facilitar la aprobación” del resto de la ley. Aunque no dejó de advertir que el déficit cero no era negociable, por lo que “la política” deberá realizar un ajuste mayor.

El sábado, en declaraciones radiales, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguraba que con esta última concesión del Gobierno estaba confiado en que la ley se aprobaría. Aseguró que habrá sesión este martes y que “hay acuerdos” para que la misma prospere en el recinto, sobre todo uno de los puntos que cosecha más resistencia: la delegación de facultades extraordinarias al presidente Javier Milei. “Creemos que después pasará al Senado rápidamente“, afirmó Francos.

El ministro sostuvo que se decidió retirar las reformas fiscales, entendiendo que “es una ley que está orientada a generar una libertad para el desarrollo económico, una desregulación que permita despertar las fuerzas productivas que han estado paralizadas”, y que la reforma fiscal “era menor”, por lo que se decidió retirarla y “avanzar en la ley en la parte que tenemos consensos”. Y detalló: “En las conversaciones cada uno veía distintas opciones. Hemos ido recibiendo a varios gobernadores y se fue armando una ensalada que por querer sacar esa ley complicaba la parte fundamental del proyecto”.

¿Garantizado?

Pese a la confianza que expresó el ministro, no está claro el escenario. Este sábado, los gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio mantuvieron un encuentro virtual para analizar, una vez más y a la luz de las nuevas modificaciones, la postura a adoptar frente a la ley. Allí no hubo un total consenso y quedaron en volverse a reunirse este lunes. La intención de “acompañar” es clara en todos los mandatarios, pero en el “como” y la forma en que busca, o no busca, consensos el Gobierno nacional está la diferencia.

Desde Chubut, el gobernador Ignacio “Nacho“ Torres publicó en sus redes sociales: “Celebro la decisión de @LuisCaputoAR. Estamos a disposición para un diálogo franco con el Poder Ejecutivo nacional y llegar a acuerdos que reflejen sensatez y que construyan a largo plazo”.

En la aprobación en general, la mayoría de la oposición “dialoguista” está de acuerdo, pero en el “punto por punto“, varios artículos, pese a la quita del capítulo fiscal, siguen en la mira. Algunos de ellos impactan directamente en la Patagonia en general y, por ende, en Santa Cruz.

Zona Fría e hidrocarburos

La quita de la derogación de la Ley de Zona Fría había sido celebrada por todas las provincias alcanzadas. Sin embargo, la alegría duró pocas horas. El propio jueves, pasadas las 15 horas, cuando se publicaba el dictamen “oficial” de mayoría, la derogación volvió a aparecer.

Las críticas no tardaron. “Las desprolijidades que están cometiendo nos llevan a poner en duda el acompañamiento tanto en general como en particular de la ley”, remarcaba el diputado Osvaldo Llancafilo, de Neuquén.

Diputados de todos los bloques de las provincias del sur, pero también de Buenos Aires, se expresaron en contra y advirtieron que en el recinto votarían en contra. “El beneficio no es un capricho, es una necesidad“, resumieron. Los patagónicos, en particular, recordaron que la región es la principal productora de gas del país.

A modo de resistir la quita del beneficio, desde Chubut, la diputada Eugenia Alianello (UxP) presentó un proyecto para declarar “de orden público” el régimen de Zona Fría. De su misma bancada, la diputada santacruceña Ana María Ianni anunció que lo acompañará. “Para los patagónicos y concretamente los santacruceños, el proyecto implica afectarnos la vida en todo”, remarcó en declaraciones televisivas.

No es el único tema que genera controversias. En el capítulo de hidrocarburos, los legisladores de la región marcaron 15 puntos a reformular del dictamen. Algunos de los más sobresalientes tienden a corregir distorsiones. Una de ellas es la sustitución del artículo 27 de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos, por un nuevo texto que establece que la Autoridad de Aplicación podrá otorgar más de una concesión en una misma área. Esto beneficiaría no sólo a Neuquén, sino también a provincias que recién incursionan en proyectos exploratorios no convencionales, como Río Negro y Santa Cruz (Palermo Aike).

Otro punto es la eliminación del Artículo 47 bis, que indicaba que en caso de que una empresa dejara vencer la concesión podría exigirle a la nueva compañía que realizara una oferta en reconocimiento sobre los pozos existentes en producción. “Se mete con activos de la provincia porque ante la reversión de un área, el activo pasa al patrimonio provincial”, explicaron.