Entre Olivos y el Recinto: el desafío de 2026 para los jefes de bloque en un Congreso de tres tercios

Por Lucía Zunino (Bae Negocios)

El calendario marca el inicio de 2026, pero en los pasillos de la Cámara de Diputados todavía resuena el eco de la maratónica sesión del Presupuesto el 27 de diciembre. Tras el recambio legislativo que dejó a La Libertad Avanza como la primera minoría con 95 bancas, el mapa del poder en la Argentina mutó de la polarización total a una atomización estratégica. En este escenario, la gobernabilidad no está garantizada, sino que se discute voto por voto, detalle por detalle.

La performance electoral del partido que conduce Javier Milei cambió el eje de gravedad, pero no eliminó la dependencia del PRO dentro del Congreso. El jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, se mueve hoy con la confianza de quien maneja la caja de resonancia del Presidente. “Si vos querés apoyar al presidente y a las leyes que enviará al Congreso, el lugar es La Libertad Avanza”, dijo a comienzos de diciembre, y marcó la cancha frente a un peronismo que, aunque herido, retiene casi un centenar de bancas bajo el liderazgo de Germán Martínez.

El fin de la “luna de miel” y el inicio del pragmatismo

Tras las elecciones 2025, ya no hay dos grandes bloques, sino tres tercios imperfectos y un grupo de “árbitros” provinciales. Por un lado, La Libertad Avanza y el PRO, que juntos suman 107 bancas y actúan como una coalición de gobierno de hecho, no solo dentro del Congreso, sino también como forma de cogobierno en el Gabinete: figuras centrales del partido fundado por Mauricio Macri, como Patricia Bullrich, Luis Caputo y Diego Santilli ocupan puestos clave. El binomio sigue siendo la primera minoría, pero están a 22 votos del quórum (129).

Fuerza Patria junto a sus aliados suman 98 bancas y, aunque son numerosos, perdieron la capacidad de bloqueo total si el resto de la oposición dialoguista se une al Gobierno. Antes, el peronismo podía simplemente no bajar al recinto y evitar que cualquier ley de Milei se tratara. Ahora, si el oficialismo (LLA + PRO = 107) logra convencer a los bloques “dialoguistas” (UCR, Encuentro Federal, provinciales), suma los 22 votos que le faltan y puede sesionar sin la oposición.

Provincias Unidas suma alrededor de 30 o 40 diputados junto a sus aliados, que responden a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta). El bloque tiene más incentivos para negociar con el Gobierno, especialmente a través del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que sirve como aceite para “rosquear” votos en el recinto.

Bornoroni y Ritondo: dos desactivadores de explosivos

La autoridad de Bornoroni no se desprende especialmente de su trayectoria legislativa, sino de su acceso directo a la “mesa chica” de Olivos. Su desafío es que el bloque no se convierta en una fragmentación legislativa extrema, donde cada diputado negocia su propio pliego con la Casa Rosada saltándose su autoridad. En un Congreso atomizado, el PRO queda como el “adulto en la sala”, pero eso le genera un costo político: si el partido de Macri apoya todo sin cuestionar, desaparece como identidad política. Si se diferencia demasiado, queda como el responsable por la falta de gobernabilidad.

El Congreso de 2026 pondrá a prueba la madurez de sus líderes. Si Bornoroni logra mantener la cohesión de su bloque y Ritondo consigue que el PRO siga siendo el garante de la estabilidad sin perder su identidad, el oficialismo podrá avanzar en las reformas que el Gobierno aún tiene en carpeta, como la laboral, tributaria y del código penal.

La modernización laboral y el liderazgo como “pararrayos”

Una de las iniciativas más importantes del oficialismo es la reforma laboral, que incluye una transformación profunda vinculada a la extensión de períodos de prueba, la creación de fondos de cese laboral y la eliminación de multas. Bornoroni se erige como una figura central para garantizar que el bloque oficialista no se quiebre ante la presión de los sindicatos y ante las protestas en la calle. Su liderazgo se pone a prueba en la gestión inteligente del tiempo: debe acelerar el dictamen en comisiones antes de que la presión social desgaste a los legisladores “indecisos” de las provincias.

El rol de Ritondo es más bien técnico. Debe explicarle al Gobierno qué partes de la reforma son viables y cuáles son una “misión suicida” parlamentaria para lograr la mayor cantidad de negociaciones posibles para un proyecto que promete un gran cambio en el sistema laboral.

La discusión sobre el Presupuesto 2026 obligó al Gobierno a ceder el capítulo sobre el Financiamiento Universitario, lo que arrojó luz sobre un punto clave: la afinidad no es automática y los jefes de bloque tienen que negociar cada artículo como si fuera una ley independiente. La reforma laboral se erige como una de las iniciativas más ambiciosas del oficialismo, por lo que no está permitido ningún paso en falso.

Las reformas en carpeta y la ingeniería de consensos

Además de la reforma laboral, el Gobierno propone una reforma tributaria a través de un proceso por etapas que, en palabras del propio jefe de Estado, busca “cortar con la adicción del Estado a los impuestos”. El panorama se divide entre lo que ya se implementó a través de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, y la Ley de Inocencia Fiscal, junto a las reformas integradas al Presupuesto aprobado en diciembre.

El objetivo del oficialismo es eliminar muchos de los impuestos actuales, como el PAIS, gravámenes internos y los aranceles a la importación. La estrategia de Milei se basa en la Curva de Laffer: el Gobierno sostiene que si se bajan los impuestos, la economía se formaliza y crece tanto que, al final, el Estado termina recaudando lo mismo o más que antes, pero con un sistema más “sano”. En criollo, es una apuesta al “todo o nada” para lograr lo que el oficialismo entiende por crecimiento económico. Es una medida técnica pero, sobre todo, el núcleo de la identidad ideológica de Javier Milei.

La teoría de aplicación de la Curva de Laffer indica que existe una tasa impositiva óptima. Si es muy alta, la gente deja de producir o evade. Si es muy baja, el Estado se queda sin fondos. El principal costo político es el “mientras tanto”. Entre que se elimina un impuesto (como el PAÍS) y la economía crece lo suficiente para compensar esa pérdida, hay un bache de recaudación.

Si la recaudación cae y la economía no reacciona rápido, Milei se verá obligado a profundizar el recorte en el gasto público para mantener el equilibrio fiscal, lo que podría aumentar la tensión social en áreas sensibles, como es el caso de salud, educación y jubilaciones.

La eliminación de impuestos internos y de aranceles a la importación tiene ganadores y perdedores que confirgura el mapa de conflicto político. Por un lado, el campo, el sector tecnológico y el consumidor final son los “ganadores” de un esquema a partir del cual se pueden acceder productos más baratos. Sin embargo, la industria nacional tradicional, como textiles, juguetes y electrónica ensamblada en Tierra del Fuego aparecen como las áreas más golpeadas por este tipo de medidas.