“Es la mayor distinción que puedo recibir en toda mi vida”, expresó Ramón Torres Molina tras ser premiado por Abuelas de Plaza de Mayo

En el marco del 49° aniversario de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, este lunes se realizó la entrega de la segunda edición del premio “Abuelas de Plaza de Mayo: abridores y abridoras de caminos”, que busca reconocer a personas o grupos de personas que, con su compromiso han abierto camino en sus disciplinas, luchas y trayectorias en post de la ampliación de los derechos humanos y la construcción colectiva.

Entre los premiados estuvo el abogado y militante político Ramón Torres Molina, quien integró el equipo juridico de Abuelas de Plaza de Mayo desde 1984 hasta 2007.

“Fue una pieza fundamental en las estrategias de Abuelas de Plaza de Mayo en la Justicia. Tiene una historia signada por la militancia y la búsqueda de justicia, estuvo preso, sufrió la dictadura en carne propia. Fue juez, funcionario, docente. Hoy queremos reconocer y agradecer su aporte a la restitución de los nietos y las nietas“, manifestó el locutor para presentarlo ante el público presente en el Complejo C Art Media.

A continuación, se proyectó un video en el que respondía qué son las Abuelas para él: “Es un pedazo muy importante de mi vida y de la historia del país, las dos cosas. 24 años de un ámbito al cual estuve estrechamente ligado y es la historia del país porque permitieron recuperar la democracia“.

Tras subir al escenario, Torres Molina expresó: “Recuerdo cuando recién terminaba la dictadura y hacia poco que había salido en libertad, Estela y ‘Chicha’ Mariani me fueron a ver si podía colaborar, la respuesta era una sola posible se trataba de buscar a los hijos de mis compañeros, también pensé en mis hijos. Entonces hubo que recorrer un camino que partía de leyes que no contemplaban estas atrocidades que se habían cometido en el país hasta llegar, entre otras cosas, a la consagración del Derecho a la Identidad en la Convención Internacional de los Derechos del Niño“, manifestó.

“Lo más importante fue modificar la valoración que tenía la sociedad hasta ese momento sobre las atrocidades que se habían cometido en el país, por eso para mí esta es la mayor distinción que puedo recibir en toda mi vida. Muchas gracias Abuelas, muchas gracias nietos“, cerró.

En esta edición, también fueron galardonados la científica Mary Claire King; la actriz Leonor Manso; la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas, Graciela Lois; Cruz Melchor Eya Nchama, juez ante el Tribunal de Ginebra; la cineasta Estela Bravo; la apoderada de Abuelas, María Santa Cruz; el periodista Víctor Hugo Morales y los integrantes de La Bersuit.

Una vida militando derechos humanos

Torres Molina es oriundo de La Plata, fue dirigente estudiantil entre 1957 y 1960, integró el Comité de Huelga durante la huelga universitaria de 1958 en defensa de la enseñanza pública y fue uno de los fundadores de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional en 1966.

En 1974 llegó a Río Gallegos para ser asesor del gobernador Jorge Cepernic y tiempo después, fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

El 24 de marzo de 1976 fue detenido en la casa familiar, donde vivía con su esposa Celina Lacay y sus tres hijos. Meses después lo trasladadaron a la Unidad 6 de Rawson, donde fue torturado por personal del servicio penitenciario. Posteriormente, fue nuevamente trasladado al Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia, donde durante 15 días fue torturado, tras lo cual fue devuelto a Rawson. El último año y medio permaneció detenido en la Unidad 9 de La Plata.

Torres Molina intervino en unos 340 casos por delitos de lesa humanidad.

Tras recuperar su libertad en enero de 1982, se mantuvo activo en la militancia política y continuó desarrollando una extensa trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos.

Fue abogado de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas entre 1983 y 1992 y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de 1984 a 1986 , y miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata de 1986 a 2006.

Intervino en unos 340 casos por delitos de lesa humanidad, entre ellos los juicios a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, al personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Cárcel de Rawson y plan sistemático de sustracción de niños. Efectuó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las dos primeras denuncias por la impunidad de una América, que culminaron con la condena al Estado argentino por la aplicación de las leyes de Punto final, Obediencia debida y decretos de indultos, y efectuó el primer pedido de nulidad de esos decretos logrando la Resolución de inconstitucionalidad en 2004.